Representantes de las ONG Convite y Provea consideran que esta nueva normativa es inconstitucional y busca perseguir, amedrentar e intimidar a las organizaciones y a sus beneficiarios.
El acoso por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) sigue tomando terreno. Esta vez con la nueva normativa para el registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo se pretende aumentar el control hacia estas.
Con un plazo de 30 días para registrarse y con exigencias de develar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los donantes y quiénes los socios, las autoridades pretenden inmiscuirse en las labores de defensa de derechos humanos, así como en el trabajo de ayuda humanitaria que las ONG realizan en el país.
“Es ilegal desde todo punto de vista porque se les está dando (a las ONG) un trato de terroristas porque parte del principio de que si no te registras, eres terrorista; ya por ahí hay un trato inadecuado, sobre todo a las organizaciones que estamos registradas en Venezuela”, detalla Luis Francisco Cabezas, director de Convite.
Marino Alvarado, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), explica que esta “normativa es inconstitucional” porque obstaculiza el trabajo de miles de organizaciones que trabajan en el país por la justicia, el bienestar social y la defensa de los derechos humanos.
Alvarado sostiene que el aspecto más importante de esta normativa publicada en la Gaceta Oficial 42.098 es que pretende “convertir a las organizaciones sociales en sapos cooperantes, en patriotas cooperantes, cuando se pretende que frente a una dictadura como la de Maduro se dé información de quiénes son los beneficiarios de las ONG”.
En este mismo sentido, Cabezas expone que lo que solicita la normativa “es grave”, pues el Estado que es el responsable de desapariciones forzosas, de ejecuciones extrajudiciales, de operativos con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y viola los derechos humanos pide a las ONG “el listado de quiénes son los denunciantes. Es una locura”, sostiene.
A juicio de ambos defensores de DDHH, detrás de esta nueva normativa hay enormes peligros y riesgos, no solo para las ONG sino también para los beneficiarios. Tanto Alvarado como Cabezas indican que con esta nueva ley se busca perseguir, amedrentar e intimidar; lo que conlleva a que la gente se abstenga de denunciar al Estado porque las organizaciones que llevan estas causas ahora están obligadas a revelar la identidad de los denunciantes y a dejarlos expuestos.
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