Desde el OVP cuestionaron que en el caso del Cepella, la respuesta del Ministerio de Servicio Penitenciario fue la misma técnica utilizada por años: cerrar el recinto y trasladar los presos a otros penales, agravando en ellos la situación de hacinamiento.
El viernes 1º de mayo de 2020 en el país se registró una nueva masacre, cuando los internos y familiares del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella) ubicado en Guanare, estado Portuguesa, vivieron horas de angustias que se saldó con la muerte de 49 internos y otros 75 resultaron heridos. Un año después de los hechos, la justicia siendo siendo esquiva y la reparación ninguna.
Ese día los internos iniciaron una protesta en reclamo ante la falta de alimentos, que se había agudizado durante los dos primeros meses de pandemia, en los que se impidieron las visitas, y con ella la posibilidad de las familias de llevar comida a los presos.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios aseguró que se trataba de un intento de fuga, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mantuvo constante contacto con víctimas y sus familiares, quienes constataron que se trataba de una protesta por el suministro de los alimentos, que derivó en un ataque violento contra las reclusos.
Según confirmó el OVP, todos los presos presentaron impactos de bala por armas de guerra, así como también se conoció que los cadáveres fueron identificados por sus familiares a través de fotografías. Los cuerpos fueron entregados en estado de descomposición.
Se desconoce paradero de imputados
En el mes de mayo del 2020, el Ministerio Público informó que las investigaciones del caso estaban en manos de las fiscalías 94ª Nacional y 8ª de Portuguesa, ambas con competencia en materia de derechos humanos. Por el caso imputaron a 12 personas, pero solo 10 fueron identificadas.
En ese entonces, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció que entre los imputados estarían los funcionarios de la Guardia Nacional:
Alberto Castro Malagueta, primer teniente.
Jesús Manuel Torres Parada, sargento primero.
Yojangel Simón Rodríguez, sargento mayor de tercera.
Jorge David Almeida Gudiño, sargento primero.
Francisco José Rodríguez García, sargento primero.
Estos funcionarios fueron presentados ante el tribunal competente y, según Saab, se les imputarían los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.
Asimismo, ese mismo 13 de mayo se anunció también serían imputados los reclusos que supuestamente organizaron y participaron en estos actos violentos. Estos fueron identificados como, Olivo Antonio Castillo Velázquez, pran principal del lugar, Ronald Jesús Camacaro Angulo, Wilmer Wladimir Romero Durán y Douglas Alberto Ramos Lucena por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego.
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