Tres días después de ser destituido en un juicio político relámpago, el expresidente peruano Martín Vizcarra cuestionó el jueves la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno de Manuel Merino y llamó a sus compatriotas a protestar pacíficamente en las calles.
AFP
«La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles» con las manifestaciones contra Merino, dijo Vizcarra a periodistas al ingresar a la fiscalía a declarar sobre la causa de presunta corrupción que le valió su destitución.
El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por «incapacidad moral» al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega.
«Incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional» sobre la legalidad de la destitución, acotó el popular expresidente.
Merino, un opositor que hasta entonces era el jefe del Congreso, hizo este jueves un llamado a la calma. «No vamos a producir ningún cambio traumático», prometió, tras juramentar a sus nuevos ministros, de mayoría conservadora, y aseguró que mantendrá «las buenas decisiones» del gobierno de Vizcarra.
Durante su toma de funciones el martes, había asegurado que respectaría el calendario de las próximas elecciones previstas para el 11 de abril de 2021 y que dejaría el poder el 28 de julio de 2021, el día en que el mandato de Vizcarra llegaba a su fin.
«Pacíficamente»
Martín Vizcarra, quien tiene niveles récord de apoyo ciudadano, también defendió el derecho de los peruanos a protestar contra Merino, lo que ocurre diariamente desde el martes en las calles del país.
«Tenemos que hacer un llamado a la población para que se exprese pacíficamente (…), las manifestaciones tienen que permitirse», dijo a horas de nuevas marchas convocadas en Lima y otras ciudades.
«La respuesta se la está dando el pueblo [en las calles] al señor Merino», agregó.
«Y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones», dijo, afirmando: con el nuevo gobierno «hemos visto ahora una policía agresiva».
Vizcarra acudió a la fiscalía para declarar sobre las denuncias de que recibió coimas de 600.000 dólares. Un par de horas después se retiró sin hacer declaraciones.
El viernes un tribunal decidirá sobre la solicitud de la fiscalía de prohibir a Vizcarra salir del país durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones.
Pero el exmandatario aseguró que no dejará el país, ni se asilará en una embajada ni se hospitalizará para evitar las investigaciones de la fiscalía.
Nuevo gabinete
Merino juramentó este jueves a los 18 miembros de su gabinete, de tinte conservador, en medio de la inquietud de los mercados ante el riesgo de una deriva populista del nuevo gobierno de cara a los comicios de abril.
Un día después de que se juramentara como jefe de gabinete a Antero Flores-Aráoz, un veterano político conservador, la cartera de Economía y Finanzas la asumió José Arista y la de Salud, Abel Salinas, los dos sectores sobre los que gira la política peruana desde que se declaró la emergencia por la pandemia hace ocho meses.
La OEA confirmó este jueves que enviará una misión de observación electoral a Perú «en tiempo y forma» para la preparación de los comicios, un día después de expresar «su profunda preocupación» por la crisis política en el país andino.
Inquietud de CIDH y ONU
Organismos de derechos humanos instaron a la policía y nuevas autoridades a respetar las protestas, luego de denuncias de más de medio centenar de detenciones y de agresiones a reporteros en las marchas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves en Twitter su «preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial y las detenciones por el ejercicio del derecho a la protesta y cobertura periodística en el país».
El representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, llamó a las autoridades peruanas a garantizar el derecho a la reunión pacífica, tras asegurar haber recibido «información inquietante» sobre el actuar de la policía en las protestas.
«La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria», dijo Jarab en un comunicado.
De su lado, la organización Human Rights Watch pidió a la OEA convocar a «una sesión del Consejo Permanente urgentemente y vigilar de cerca la situación en el Perú».
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