La Universidad de Miami (Florida) deberá pagar 22 millones de dólares como parte de un acuerdo con la Fiscalía de EE.UU. por ordenar exámenes médicos que no necesitaban los pacientes y prácticas de facturación fraudulentas de laboratorios e instalaciones hospitalarias fuera del campus.
EFE
La denuncia detalla que la universidad participó a sabiendas en una «facturación inadecuada» del programa federal Medicare y además no informó a los pacientes del mayor costo.
Medicare es un programa federal de seguro médico para mayores de 65 años y también para algunas personas más jóvenes con estado de discapacidad o con enfermedad renal en etapa terminal, principalmente.
Según la Fiscalía, las regulaciones del programa federal de Medicare permiten que los sistemas médicos conviertan los «consultorios médicos» en «instalaciones hospitalarias» siempre que satisfagan ciertos requisitos.
La facturación como instalación hospitalaria genera costos más altos para el programa Medicare y sus beneficiarios.
Por otro lado, la Fiscalía denunció que la universidad facturaba a los programas federales de atención médica por pruebas de laboratorio «innecesarias» para pacientes que recibieron trasplantes de riñón en el Miami Transplant Institute (MTI), un programa de trasplantes operado por UM y Jackson Memorial Hospital (JMH).
«Varias pruebas en el protocolo para todos los pacientes con trasplante de riñón eran médicamente innecesarias y estaban dictadas por consideraciones financieras más que por la atención del paciente», precisa la Fiscalía.
De igual forma, la universidad «hizo que JMH presentara reclamos inflados para el reembolso de las pruebas de laboratorio previas al trasplante realizadas en el MTI».
«Los proveedores de atención médica que cobran por servicios médicamente innecesarios y violan a sabiendas las reglas de facturación contribuyen al aumento vertiginoso del costo de la atención médica», se lamentó el secretario de Justicia auxiliar interino Brian M. Boynton de la División Civil del Departamento de Justicia.
El fiscal federal interino Juan Antonio González, del Distrito Sur de Florida, dijo que aquellos que presentan «reclamos fraudulentos a programas de atención médica financiados por los contribuyentes no solo violan la confianza del público, sino que comprometen la integridad misma de estos programas».
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