Un grupo de organizaciones civiles, varias de ellas latinas, presentaron este martes una nueva demanda para bloquear la aplicación de la ley que cambia las normas del voto por correo en Florida, con el argumento de que viola la Ley de derechos de voto y apunta a reducir el número de votantes de color.
EFE
Entre los demandantes están LatinoJustice, UnidosUS, the Hispanic Federation y Poder Latinx, que consideran que la ley SB 90 reduce las posibilidades de ejercer el derecho al voto de los floridanos.
Judith Browne Dianis, directora ejecutiva de Advancement Project National Office, otra organización demandante, señaló que la ley SB 90 viola de «manera agresiva y discriminatoria» el principio de que cada elector tiene derecho a que su voto llegue a las urnas.
Según la activista, la ley impone barreras a los electores de color y los deja «desproporcionadamente» al margen de la democracia.
En las elecciones de 2020 se alcanzó la cifra récord de 4,8 millones de floridanos que votaron por correo y de ellos 2,1 millones estaban registrados como demócratas, 1,5 millones como republicanos y un millón como independientes.
En la demanda se subraya que el porcentaje de votantes por correo latinos y afroamericanos en 2020 casi duplicó el de las elecciones de 2016.
Es la segunda demanda que se presenta ante la justicia por la polémica ley SB 90, aprobada por el Congreso estatal a fines de abril y firmada este mes por el gobernador Ron DeSantis, seguidor del expresidente Donald Trump.
Con la nueva ley quienes quieran votar por correo tendrán que solicitar la papeleta cada ciclo electoral y no cada dos como se hace actualmente.
La SB-90 restringe también el uso de urnas para depositar el voto durante las jornadas de votación anticipada, que hasta ahora estaban disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.
Habrá además una verificación de firma, lo que significa que los electores deben tener registrada la suya en el archivo de las autoridades electorales.
Según un comunicado de la Gobernación de Florida, «la nueva ley fortalece la identificación de los votantes, prohíbe el envío masivo de boletas, prohíbe la recolección de boletas y prohíbe que el dinero privado administre las elecciones en nuestro estado».
DeSantis dijo cuando firmó la ley SB-90 que «los floridanos puedan estar seguros de que nuestro estado seguirá siendo un líder en la integridad de la boleta electoral».
En Georgia se aprobó en marzo una ley en el mismo sentido que la SB-90 y en Texas, otro estado bajo control republicano, está en marcha un intento por seguir esos mismos pasos.
El Partido Demócrata ha denunciado que esta ley puede reducir la participación electoral de las minorías, las personas mayores y aquellas con discapacidades al hacerles más difícil el voto por correo.
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