Una investigación realizada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y presentada este miércoles reafirma que en El Salvador existe un retroceso en el acceso a la información pública y la renuencia de entregar datos por parte de entidades gubernamentales.
EFE
Diferentes organizaciones sociales han denunciado en reiteradas ocasiones «un bloqueo» por parte del Ejecutivo de Nayib Bukele para que las poblaciones o entidades accedan a la información pública, sobre todo durante la pandemia del COVID-19.
Para Loyda Robles, directora de fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de Fespad, se «ha utilizado el tema de la pandemia para no entregar información pública en poder del Estado».
«Consideramos que la investigación reafirma que hay retrocesos en temas de acceso a la información y de transparencia, que definitivamente vendrían a poner a este Gobierno como un Gobierno cuya debilidad, entre otras, es el tema de transparencia y acceso a la información, además del combate a la corrupción», dijo Robles durante la presentación del estudio.
La experta indicó que la crisis del coronavirus «ha revelado signos de negligencia y corrupción por parte de las autoridades gubernamentales».
La negligencia, de acuerdo con Robles, «se ha observado en la forma de responder a la pandemia con medidas desproporcionadas o improvisadas, la descoordinación entre los equipos y un manejo confuso de datos».
«No necesariamente todo el Gobierno está realizando acciones constitutivas de corrupción, pero el hecho de no denunciar aquellos elementos que pueden ser corrupción, aquellas acciones por parte de funcionarios, como compras vinculadas a familiares, es constitutivo a un retroceso», manifestó.
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga 17 casos de supuestas compras irregulares de insumos por parte de instituciones del Ejecutivo para enfrentar los efectos de la pandemia por el COVID-19.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) presentó a la Fiscalía los indicios de supuestas irregularidades en las compras hechas con fondos destinados a la atención de la pandemia, lo que derivó en la indagación.
«Definitivamente que la falta de transparencia y corrupción sí distorsiona el quehacer del Estado, distorsionan la dinámica y el trabajo de los funcionarios públicos», añadió la experta.
LA INVESTIGACIÓN DE FESPAD
Saúl Baños, director de Fespad, dijo que esta investigación es la primera de tres estudios que la organización no gubernamental realizara.
Indicó que «con este estudio se pretende hacer un aporte o una contribución al debate sobre el manejo a los fondos públicos dado que la situación extraordinaria por la que el mundo atraviesa, en particular El Salvador, ha generado indicios de alguna evidencia de actos un poco transparentes».
Bolaños subrayó que «la vorágine, la dinámica y la rapidez con lo que estos hechos están sucediendo podría estarnos imponiendo en una naturalización de estos hechos, es decir ver una normalidad de esos hechos y esa es una de las preocupaciones de Fespad».
Agregó que es necesario «fortalecer las instituciones de control para que sigan el mandato legal que cada una ellas tiene», porque «nos preocupa que los órganos de control se están viendo supeditados, ya sea por la poca capacidad instalada, por la omisión o por las retrancas».
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