El pasado 8 de septiembre se ordenó que los expedientes que existían en la Corte Suprema de Justicia contra Armando Benedetti pasarían a conocimiento de la Fiscalía General. Esta decisión se tomó debido a que por su nombramiento como Embajador de Colombia ante Venezuela el alto tribunal perdía todo tipo de competencias para seguir investigando al exsenador.
Sin embargo, SEMANA conoció una carta de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción que le pide directamente al fiscal General, Francisco Barbosa que le devuelva el proceso que ella estaba adelantando en contra de Benedetti por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Considera que ella, pese a las constantes recusaciones de Benedetti, sigue siendo la magistrada de ese proceso y jamás fue consultada para el traslado del expediente a la Fiscalía General.
Para la magistrada Lombana, no existe justificación para que el caso pasara a conocimiento del ente investigador puesto que “los delitos por los cuales se procede en contra del exsenador Benedetti Vilaneda -enriquecimiento ilícito y lavado de activos-, tienen relación con sus funciones como congresista, toda vez que se habrían consumado durante el ejercicio de su cargo, y por haber instrumentalizado para ello a una de las colaboradoras de su Unidad de Trabajo Legislativo, conforme lo revela la prueba recaudada hasta el momento”.
Lombana cuestionó seriamente la posición del magistrado César Augusto Reyes Medina que nunca informó que dicho expediente no le correspondía, puesto que él estaba resolviendo la recusación presentada por Benedetti en su contra.
“(…) el magistrado apenas tenía asignado el proyecto de decisión de la recusación, sin tener asignado el proyecto de la decisión de recusación, sin tener adjudicado el expediente como Ponente -como ya se explicó-, ya que esa calidad no me había sido despojada, al no haberse resuelto el incidente”, cuestionó la magistrada en la carta de doce páginas enviada al Fiscal General.
El proceso contra Benedetti tiene relación con las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de millonarios contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade, entre los años 2016 y 2017. Por estos mismos hechos la Fiscalía General llamó recientemente a juicio a seis personas, entre ellas Elsa Mireya Pinzón, quien fue asesora del entonces congresista del Partido de La U.
Los hechos se presentaron en agosto de 2016, cuando el entonces asesor de la gerencia del Fondo de Financiamiento de Proyectos en Desarrollo de Fonade , Héctor Mario Amar Gil buscara a un grupo de personas con el fin de desviar el contrato. Para esto se reunió con varios funcionarios y particulares, entre ellos Elsa Mireya Pinzón, quien era asesora grado III en el Congreso de la República; así como con Juan Carlos Santofimio Vengoechea, un particular muy cercano a los funcionarios del Senado y la empresa Certicamara.
Elsa Mireya Pinzón se habría reunido y Juan Carlos Santofimio Vengoechea “quienes le entregaron el portafolio de servicios de la empresa Certficamara S.A., para buscar un contrato acomodado a dicha oferta empresarial, labor que Henao Ordóñez delegó en el señor Héctor Mario Amar Gil”. Esta labor se adelantó en tiempo récord y el contrato fue adjudicado de manera reservada.
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