La Fiscalía ha abierto una tercera línea de investigación contra Juan Carlos I tras recibir un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Las diligencias se van a llevar directamente en la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde ya hay iniciadas otras dos investigaciones al rey emérito. La nueva investigación se centra en infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales, han anunciando este viernes la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Esta nueva investigación se basa en indicios a partir del informe del Sepblac, según han informado este viernes Delgado y Luzón en una reunión con medios de comunicación. Delgado ha anunciado que el fiscal jefe de Anticorrupción se va a incorporar las dos últimas investigaciones abiertas contra Juan Carlos I. La fiscal general del Estado ha justificado esta decisión en razones de “operatividad”.
Sin entrar en muchos detalles, Luzón ha avanzado que las pesquisas están en una fase embrionaria y que todavía es prematuro determinar si los indicios apuntan a una infracción fiscal o pueden acabar siendo considerados un delito. Tampoco ha querido precisar si esta nueva línea de investigación afecta exclusivamente al rey emérito o incluye a otras personas de su entorno.
Sobre la primera investigación a Juan Carlos I, relacionada con el supuesto pago de comisiones del AVE a La Meca, la fiscalía ha decidido ya devolver a Anticorrupción las diligencias que afectan a personas no aforadas, es decir, todos las implicados en la causa excepto el rey. Esta decisión devuelve a la Audiencia Nacional esta parte de la investigación en la que están involucrados fundamentalmente empresarios españoles. Respecto a la parte que afecta al rey, Delgado ha señalado que la investigación se encuentra casi terminada y que la fiscalía pretende presentar sus conclusiones antes de Navidad.
Ni Delgado ni Luzón han querido precisar en qué sentido van a ir estas conclusiones pero han recordado que los indicios de la primera investigación que se abrió contra el rey emérito eran “débiles” desde el principio.
Este nuevo frente se conoce apenas dos días después de que saliera a la luz que la Fiscalía está investigando si el rey emérito dejó de declarar a Hacienda el dinero supuestamente donado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. La cantidad recibida y no declarada que acarrea un delito fiscal debe ser superior a 278.000 euros, según cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda. A partir de esa cantidad se genera una cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Madrid superior a 120.000 euros, la cantidad mínima para que un fraude implique delito fiscal. Si don Juan Carlos usó el dinero sin mediar donación, también habría delito si dejó de declarar 275.000 euros al año.
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