Cientos de personas se manifestaron este martes en el centro de Madrid, donde bloquearon el tráfico, en contra de una posible amnistía a independentistas catalanes, a cambio de apoyar la investidura como presidente del Gobierno español del socialista Pedro Sánchez.
EFE
Los participantes cortaron la Gran Vía, una de las principales avenidas de la capital de España, con gritos contra Sánchez y su partido, el socialista PSOE, y pancartas en las que se leían lemas como «España no paga a traidores, amnistía no», «Pedro Sánchez traidor» o «Sánchez a prisión», entre banderas españolas.
La marcha se produjo tras una concentración cerca de la sede del PSOE en Madrid, ante la que desde el pasado fin de semana se suceden protestas cada día, que la pasada noche derivaron en incidentes con policías antidisturbios en los que hubo tres detenidos.
Las protestas, convocadas por redes sociales, estuvieron apoyadas por grupos ultraderechistas.
La Policía española había desplegado un importante dispositivo alrededor de la sede socialista, donde los concentrados corearon vivas a España con consignas como «No nos engañan, Cataluña es España» y «España unida jamás será vencida».
Algunos manifestantes intentaron llegar al Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español, pero el dispositivo policial lo impidió.
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Las negociaciones entre socialistas e independentistas catalanes de la formación Junts para la investidura de Sánchez continúan, mientras en España crece el ambiente de crispación política desde algunos sectores y la presión judicial contra una posible amnistía a procesados del independentismo.
España celebró el pasado julio elecciones en las que el más votado fue el conservador Partido Popular, pero no logró los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al poder, que ahora intenta alcanzar la segunda fuerza con más votos, el PSOE, con el respaldo de distintas formaciones como Junts.
La fecha tope para la investidura es el 27 de noviembre y si no se logra habrá repetición electoral, en principio en enero del año que viene.
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La oposición de derechas y el órgano de los jueces españoles se pronunciaron el lunes contra el proyecto de amnistiar a los independentistas catalanes del líder socialista Pedro Sánchez, a cambio de que le den sus votos para convertirse de nuevo en presidente del gobierno.
Sánchez, cuyo Partido Socialista terminó en segundo lugar en las elecciones legislativas del 23 de julio, tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir la confianza del Parlamento y mantenerse en el poder. Si no lo logra antes de vencerse el plazo, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.
Para obtener el apoyo indispensable de los partidos independentistas catalanes, Sánchez aceptó su exigencia de preparar una ley de amnistía para los separatistas procesados por la justicia española, especialmente por su participación en la tentativa fallida de secesión de Cataluña en 2017.
Tras largas conversaciones, Sánchez consiguió el apoyo de los siete diputados de Izquierda Republicana de Cataluña (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), formación separatista moderada que gobierna esta región del noreste de España, y ahora solo le queda garantizarse los de los siete de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya, JxCat), el partido de Carles Puigdemont, líder de la intentona de 2017.
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«Estamos en la cuenta atrás del pacto, el tramo final de una negociación que ha sido difícil (…) y que nos va a permitir abrir una nueva etapa», indicó este lunes Jaume Asens, uno de los principales encargados por la izquierda de negociar con Puigdemont.
En este contexto, la justicia española, que ya reclama a Puigdemont por su papel en los hechos de 2017, anunció el lunes que lo investiga también por los disturbios ocurridos en Cataluña en 2019 en protesta por las condenas a penas de cárcel de otros líderes independentistas.
Puigdemont denunció en la red social X, antes conocida como Twitter, un «golpe de Estado permanente» de la justicia, a la que los independentistas consideran un instrumento de «represión» del Estado español.
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«¡Sánchez, traidor!»
Muy controvertido, este proyecto de ley de amnistía, que tendría que ser votado por el Parlamento, despertó la indignación de la oposición de derechas.
Según esta, Sánchez, antes opuesto a este medida, está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.
«No nos van a callar», lanzó el lunes el jefe del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, quien pese a ser el vencedor de las elecciones legislativas de julio, no consiguió los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido.
Por la noche, unos miles de manifestantes se congregaron ante las sedes del Partido Socialista en Madrid, y otros cientos en Barcelona o Valencia, coreando lemas como «¡Puigdemont, a prisión!», o «¡Sánchez, traidor!».
La manifestación de Madrid se saldó con una intervención de la policía con gases lacrimógenos para impedir que los asistentes se acercaran a la sede del PSOE, según videos difundidos en las redes sociales.
El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, que acudió a la protesta de Madrid, había pedido antes una «movilización permanente, constante y creciente».
El domingo hay manifestaciones convocadas en las capitales de provincia, y el sábado 18 de noviembre una gran protesta en Madrid.
https://twitter.com/vitoquiles/status/1721965774112223459
https://twitter.com/electo_mania/status/1721969248560460111
«Degradar» el Estado de derecho
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano colegiado que nombra a los jueces, aprobó una declaración con el voto a favor de los miembros conservadores en la que denunciaron que el proyecto de amnistía podría «degradar» y «convertir el Estado de derecho en objeto de mercadeo».
En aquel convulso otoño de 2017, los principales dirigentes independentistas se marcharon al extranjero, como Puigdemont, o fueron encarcelados y condenados a penas que iban hasta los 13 años de prisión. Estas sentencias de 2019 generaron una ola de disturbios en las calles de Barcelona.
Después de su llegada al poder en 2018, menos de un año después del intento de secesión, Sánchez hizo de la distensión en Cataluña una prioridad.
En 2021, indultó a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron juzgados.
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