La Corte Suprema de Perú ordenó este martes la «captura inmediata» de la ex primera ministra Betssy Chávez, tras declarar fundada una apelación presentada por la Fiscalía para que se ordenen 18 meses de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, del pasado 7 de diciembre.
EFE
En su resolución, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, pidió a la Policía Judicial que capture a Chávez, pero rechazó aplicar la misma medida a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, investigados por el mismo caso.
El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros, aunque les dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles (27.700 dólares o 25.316 euros) contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta, exministro del interior, y de 50.000 soles contra Sánchez, extitular de Comercio.
La información fue difundida inicialmente por medios locales y posteriormente confirmada por el Poder Judicial en Twitter, donde indicó que los tres exministros son investigados por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado.
CHÁVEZ SE PRONUNCIA
Tras conocerse la decisión judicial, Chávez realizó una transmisión en directo desde su cuenta en la red social TikTok, en la que afirmó que se encuentra en su casa en la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile, y que ahí esperará a la llegada de los agentes de la Policía.
«Estoy en mi casa en Tacna, estoy esperando que venga la Policía e ir con ellos», señaló mientras anunciaba que en los próximos días pondrá a la venta un libro que ha escrito, con el título de «Relatos para un mes o si quieres para toda la vida».
Añadió que aún no ha sido notificada de la decisión judicial, pero reiteró que permanecerá en su domicilio en Tacna y solicita cumplir la detención preventiva en esa localidad, porque ahí tiene «todos sus arraigos».
Chávez apareció tranquila y hasta bromeó con sus seguidores en la red social, pero luego admitió que afronta «un tema complejo para mi familia, pero hay que ser valientes».
«Esperamos el pronto retorno de la democracia y el estado de derecho», sostuvo antes de indicar que durante su arresto espera escribir su tesis.
«Esto no es algo que me mortifique, quizás para un sector de políticos y periodistas que creen que con esta situación, que reitero que es compleja, van a lograr verme decaída, triste, llorando, se equivocan», enfatizó.
La Sala Penal de la Corte Suprema analizó este lunes la apelación que presentó la Fiscalía contra el rechazo a su pedido de 18 meses de prisión preventiva para los tres exministros y luego señaló que informaría su decisión «en el plazo de ley».
Durante la audiencia participaron, además de la Fiscalía y los abogados defensores, tanto Chávez, como Huerta y Sánchez, quienes asistieron de manera virtual y reiteraron que no fueron parte de la preparación de la intentona golpista de Castillo.
«Mis acciones siempre van a ser declarar a la ley y colaborar», remarcó Chávez antes de indicar que ha pedido que se reduzca el monto de la fianza establecida por este caso, ya que sus ingresos económicos han disminuido y está retomando su profesión de abogada.
LA PRIMERA DECISIÓN DEL JUEZ Y DEL CONGRESO
El pasado 26 de abril, el juez Checkley consideró que no había suficientes argumentos para el peligro de fuga y obstaculización de la Justicia de los exministros, aunque les impuso reglas de conducta como no ausentarse de su localidad de residencia, concurrir las veces que sean citados al juzgado y acudir mensualmente a firmar un libro de control a partir del 2 de mayo.
El pleno del Congreso aprobó el 23 de marzo pasado acusar constitucionalmente a Chávez por su presunta participación en el autogolpe de Estado que intentó dar Castillo y, de inmediato, la suspendió en el ejercicio de sus funciones legislativas, ya que integraba la bancada del partido Perú Democrático, en tanto dure el proceso penal en su contra.
El pleno también aprobó los pedidos de acusación constitucional contra Huerta y Sánchez, quienes fueron ministros del Interior y Comercio Exterior, respectivamente, y afirmaron que no tenían conocimiento de la intención de Castillo de intentar disolver el Congreso, gobernar por decreto e intervenir en la Judicatura.
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