Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han anunciado que seguirá trabajando en Rusia pese a la prohibición de sus actividades en este país por decisión del Ministerio de Justicia. «Las autoridades están muy equivocadas si creen que cerrando nuestra oficina en Moscú impedirán nuestra labor de documentar y exponer las violaciones de los derechos humanos», ha dicho Agnes Callamard, secretaria general de AI, en un comunicado. Callamard ha agregado: «Redoblaremos nuestros esfuerzos para exponer las atroces violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia dentro del país y en el extranjero».
AI, que abrió su oficina en este país en 1993, ha subrayado que seguirá trabajando para que los responsables de dichas violaciones, «sea en Rusia, Ucrania o Siria», comparezcan ante la Justicia. Y ha recordado que AI es solo la última de una larga lista de organizaciones que han sido castigadas por un país donde activistas y disidentes son «encarcelados, asesinados o exiliados», los medios de comunicación clausurados y la sociedad civil ha sido proscrita o disuelta.
«Human Rights Watch ha estado trabajando en Rusia desde tiempos soviéticos y lo continuará haciendo», ha dicho Kenneth Roth, director de HRW, en otro comunicado. Roth ha dicho que «este nuevo telón de acero no frenará nuestros actuales esfuerzos para defender los derechos de todos los rusos y proteger a los civiles en Ucrania».
El Ministerio de Justicia de Rusia excluyó el viernes del registro oficial a las filiales y representaciones de 15 organizaciones internacionales, en su mayoría estadounidenses y alemanas. El motivo esgrimido por Moscú es «la violación de la actual legislación», aunque ambas organizaciones vinculan la decisión con la actual campaña militar rusa en Ucrania.
Las ONG han denunciado que los intentos de acallar las voces críticas en Rusia se han multiplicado desde el inicio de la «operación militar espacial», tal y como llama el Gobieron ruso a la guerra, con la aprobación de leyes que castigan con hasta 15 años de cárcel la cobertura independiente de la contienda.
Esta semana Rusia vio suspendidas sus actividades en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por los supuestos «crímenes de guerra» cometidos por las tropas rusas en Ucrania. Rusia, que considera un «montaje» las imágenes de las atrocidades supuestamente perpetrados por sus soldados a pesar de la enorme cantidad de evidencias que las atestiguan, tachó dicha decisión de «ilegal» y «política» y la consideró un castigo de Occidente por su política exterior independiente.
Ucrania ha acusado al Ejército ruso de llevar a cabo numerosas ejecuciones sumarias durante la ocupación de varias localidades de la región de Moscú, incluido Bucha, denuncias que han propiciado una nueva oleada de sanciones contra el Kremlin.
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