Elio Riera, abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori, dijo este viernes que está sorprendido por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordenó al Estado peruano abstenerse de liberar al exmandatario, aunque admitió que se le debe dar cumplimiento.
EFE
Riera comentó a Canal N que «no queda otra, como defensa, que dar cumplimiento» a la orden, debido a que el Estado peruano se encuentra suscrito a la jurisdicción internacional de la CorteIDH.
El letrado añadió que le había «sorprendido» y que se encontraba «un poco consternado», pero anotó que «el Estado peruano se encuentra adscrito (a la CorteIDH) y, en la medida que se encuentre vigente este pacto», se debe «dar cumplimiento a la Corte».
La CorteIDH ordenó este viernes al Estado peruano abstenerse de liberar de prisión a Fujimori, a quien el Tribunal Constitucional (TC) peruano restituyó un indulto humanitario.
«El Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre de 2017», indica una resolución de la Corte IDH.
Poco después de conocerse la decisión, Riera dijo que ahora tienen que hacer el seguimiento al informe solicitado al Estado peruano sobre el cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanciones sobre los delitos, materia de la condena a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos.
«El Estado peruano tendrá que informar que efectivamente se ha cumplido con todo lo solicitado», anotó.
Además, Riera admitió que en la revisión que hizo la CorteIDH sobre la resolución del Tribunal Constitucional que restituyó el indulto humanitario a Fujimori «no se supo dar respuesta (al presunto peligro de fuga), porque no hay ningún peligro», dado que se trata de «un adulto mayor con muchas enfermedades».
Insistió en que el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, anulado en 2018 por irregularidades, no se ha determinado que haya sido realizado de «forma ilegal» y que confían en que cuando el Estado pueda brindar la información correspondiente a la CorteIDH «se pueda reencausar este pedido».
Riera explicó que la estrategia de la defensa fue intentar reactivar el indulto de 2017, a través de un habeas corpus admitido por el TC, porque era «evidente» que el actual Gobierno «no tiene encaminada la posibilidad de un indulto» para Fujimori.
Por su parte, el magistrado Eloy Espinosa, uno de los integrantes del TC que votó en contra de la resolución que ordenó la liberación de Fujimori, declaró a Canal N que la decisión de la CorteIDH es un cuestionamiento porque la sentencia del TC se pronuncia sobre la salud de una persona, a la cual no se le ha hecho ningún examen médico reciente.
«Lo que ha dicho la Corte es que tiene que hacerse una evaluación (médico), que no hizo la sentencia en mayoría del tribunal, a pesar del pedido nuestro», indicó.
Espinosa agregó que «se deja sin efecto la resolución del Tribunal (Constitucional) y se obliga al Estado peruano para que hasta el 13 de mayo haga las evaluaciones y eso es un examen a Fujimori para ver si tiene una enfermedad terminal o no».
«Pero si es una persona que tiene los achaques propios de los 83 años de edad, entonces no sirve el argumento de enfermo terminal y Fujimori tendría que seguir con su detención», acotó el magistrado.
En tanto, el abogado y exprocurador para casos de derechos humanos Ronald Gamarra declaró a Canal N que lo que corresponde es que el propio TC anule su sentencia y vuelve a pronunciarse, bajo los estándares internacionales establecidos por la CorteIDH.
«Somos un Estado, no somos estafadores, tenemos que cumplir las sentencias a las cuales nos hemos obligado, o los compromisos, a nadie se le puede ocurrir (incumplir la resolución)«, expresó.
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