La justicia tunecina anunció hoy la apertura de una investigación contra varios antiguos responsables de instituciones públicas, mientras el presidente del país, Kais Said, lanzó una ofensiva anticorrupción contra medio millar de empresarios acusados de desviación de fondos durante la dictadura.
En declaraciones a la agencia estatal TAP, el portavoz del Tribunal de Apelación, Habib Torkhani, reveló pesquisas contra el expresidente de La Instancia Nacional tunecina de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC), Chawki Tabib, por los delitos de fraude y falsificación de papeles.
El expresidente del comité de Arbitraje de la Instancia Verdad y Dignidad (IVD), que investigó la corrupción y las violaciones de los derechos humanos ocurridos en Túnez durante las últimas seis décadas, Khaled Krichi, también será investigado por manipulación de documentos.
Tres días después de suspender el Parlamento, el mandatario recuperó un informe publicado una década antes por la comisión nacional de investigación sobre la corrupción y malversación cometida durante el régimen de Ben Ali, en el que aparecen 460 personas involucradas que habrían malversado hasta 4.000 millones de euros.
Pero el mandatario ofrece a los acusados inversiones en regiones desfavorecidas a cambio de amnistía, mediante inversiones en proyectos públicos, como colegios y hospitales, en lugares seleccionados como prioridad por los comités populares.
«He pedido un arreglo, no busco en ningún caso atacar a los empresarios. El dinero espoleado debe devolverse a los tunecinos y haremos con ellos un acuerdo legal», declaró el presidente tras su encuentro con el presidente de la Patronal (Utica), Samir Magul, antes de añadir «no queremos meter a nadie en prisión»
En medio de una grave crisis económica y en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo- el cuarto de esta última década- por un valor de 3.300 millones de euros, Said busca hacer «justicia» pero también restituir una parte de las arcas del Estado, que alcanza una deuda pública del 100% de su PIB.
Asimismo pidió al sector alimentario- mayoristas, distribuidores y comerciantes- tener en cuenta la situación «difícil» de los tunecinos y reducir sus precios después de advertir de las graves sanciones contra aquellos que cometan delitos de monopolio y especulación.
El pasado día 25, Said anunció el cese del jefe de Gobierno y la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada de la inmunidad parlamentaria a todos los diputados «para recuperar la paz social y salvar al Estado», decisión que el partido islamista Ennahda, principal fuerza política, calificó de «golpe de Estado».
Said argumentó que hacía uso del artículo 80 de la Constitución que le otorga el poder de tomar medidas «excepcionales» ante un «peligro inminente» tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.
EFE
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