Uno es un exfiscal que rechazó procesar al actor Bill Cosby por agresión sexual. Y el otro sigue convencido de que el financiero Jeffrey Epstein no se suicidó en prisión. Donald Trump eligió a dos controvertidos abogados para representarle en su juicio político en el Senado.
AFP
Acusado de haber incitado a la invasión del Capitolio el 6 de enero, al expresidente republicano no le ha sido fácil constituir el equipo que le defenderá. Tras la deserción de cinco juristas este fin de semana, y a solo ocho días del comienzo de su proceso, confió finalmente la tarea a Bruce Castor y David Schoen.
Pese a no ser figuras de primera línea, ambos letrados ya han copado titulares y podrían garantizar el espectáculo durante unas audiencias que serán retransmitidas en directo en todo el país.
Establecido en Alabama, el penalista Schoen se ha vanagloriado en el pasado de haber defendido a «todo tipo de gánsters», incluidos los jefes de la mafia rusa o italiana.
Entre sus clientes más famosos figura Roger Stone, amigo de larga data de Trump. Condenado por «perjurio» durante la investigación rusa, este autoproclamado especialista en «golpes bajos» de la política fue finalmente indultado por el presidente justo antes de dejar el poder.
Aunque Schoen ha dado mucho de qué hablar sobre todo tras la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein en agosto de 2019.
El letrado aseguró haber sido contratado para defender al financiero, acusado de explotación sexual de menores, y de haberle visitado antes de que apareciera colgado en su celda. «No creo que sea un suicidio», afirmó entonces al Atlanta Jewish Times.
Ante este tipo de especulaciones, la policía federal y Departamento de Justicia abrieron investigaciones, pero los resultados de la autopsia confirmaron el suicidio. «Todavía pienso que fue asesinado», repitió Schoen en septiembre.
MeToo
Nada hostil a la mediatización, Schoen ha aparecido en varias ocasiones en Fox News, también participó en un documental sobre el escándalo de Epstein y confió haber tomado cursos de actuación. Aseguró, sin embargo, haber puesto fin a esa etapa: «Toma mucho tiempo de mi trabajo legal, aunque me habían contactado tres agentes…», contó.
Castor, de su lado, fue durante mucho tiempo el fiscal de un condado de Pensilvania. En este influyente puesto, rechazó, en 2005, abrir acciones contra Cosby, acusado por una mujer de violencia sexual.
El actor, denunciado por decenas de otras mujeres en los años siguientes, acabó siendo condenado a prisión trece años después por estos abusos.
Castor, un exlegislador republicano de 59 años, también fue fiscal general interino del estado de Pensilvania. Pero, en pleno movimiento #MeToo, sus ambiciones se vieron perjudicadas por sus decisiones en el caso Cosby.
A partir del 9 de febrero, los dos abogados se verán de nuevo bajo los focos durante el proceso de Trump, el único presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar dos juicios políticos.
Deserciones
El exmandatario será juzgado por «incitación a la insurrección» tras el asalto de sus seguidores al Capitolio en la sesión en la que los legisladores certificaban la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Algunos de los 50 senadores republicanos, impresionados por la violencia de la invasión, podrían unir sus votos a los de los 50 demócratas. Es, sin embargo, poco probable que alcancen los 67 legisladores necesarios para que sea condenado.
Para evitar el debate de fondo, los abogados de Trump deberían argumentar que un expresidente no puede ser sometido a un proceso de destitución.
«Schoen y Castor están de acuerdo en que este impeachment es inconstitucional», aseguraba el comunicado que anunció su contratación.
Pero, ¿tratarán de justificar la cruzada poselectoral de Trump retomando sus acusaciones infundadas de fraude?
Según la prensa estadounidense, una parte de los abogados de Trump abandonaron su defensa este fin de semana precisamente por negarse a entrar en esta vía.
Schoen aseguró al Washington Post compartir su posición. «No soy una persona preparada para desarrollar una teoría sobre el fraude electoral», declaró.
«El proceso no versará sobre eso».
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