La decisión de la Casa Blanca el lunes de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos venezolanos podría beneficiar a unos 320.000 inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos debido a la situación especial por la que atraviesa su país.
¿Quién otorga el estatus?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que bajo la consigna de “mantener a Estados Unidos seguro”, se encarga de la seguridad pública del país, decide qué ciudadanos entre los que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular podrán acogerse al TPS. Para ello la entidad observa si se cumplen determinadas condiciones en los países de origen de los solicitantes, a saber: conflicto armado vigente, desastre ambiental o epidemia, u otras condiciones extraordinarias y temporales.
El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como impulsor del beneficio para los venezolanos, argumentó: “Seguir deportando a los venezolanos de regreso a la tragedia de Maduro sería decirles que son una carga para nuestras comunidades, una amenaza para nuestra seguridad nacional e invitados no deseados en nuestro país. La realidad y nuestro interés nacional son precisamente los contrarios”.
¿Por qué otorgarlo a los venezolanos?
Aunque Venezuela no está bajo un conflicto armado, la situación política, económica y social en la nación latinoamericana ha llevado al menos a 5,4 millones de venezolanos a huir de su país, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos”, dijo el lunes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al designar a ese país para el importante programa.
El 10 de diciembre de 2020, la ONU y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) lanzaron un plan regional de 1.400 millones de dólares a fin de ayudar a estos refugiados repartidos en todo el mundo y los países que los han recibido, en medio de una crisis agudizada por la pandemia de COVID-19.
En un informe de septiembre de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los Refugiados de la ONU, bajo la coordinación de Michelle Bachelet, aseguró que “que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014 han planificado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad».
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