Conectada a un tubo endotraqueal para poder respirar y a una sonda vesical, una psicóloga mexicana de 36 años despertó en la cama de un hospital una mañana de junio de 2015. Aún dolorida, apenas recordaba la paliza que había recibido de su entonces pareja, un ingeniero de sistemas.
La joven, que tras el ataque cambió su identidad a Becky Bios como una forma de dejar en el pasado el trágico episodio, pasó dos semanas en coma en una clínica del Estado de México, adyacente a la capital, luego de las agresiones que, dijo, le causaron una ruptura de la vesícula y un paro respiratorio.
“Cuando desperté del coma no recordaba nada, solamente vi a un enfermero al pie de mi cama. Me dijo: ‘ya estás mejor’. Vi mi cuerpo, estaba sumamente delgada, quise hablar y sentí el tubo en mi garganta”, confesó. “Nunca me sentí tan vulnerable”.
“Poco a poco recordé todo”, prosiguió. “Un día que él (su agresor) entró a la habitación del hospital donde estuve cinco semanas, estallé de coraje y quise atacarlo con un tenedor que tenía a la mano, pero estaba muy débil. Le grité: ‘tu me quisiste matar’, pedí ayuda pero nadie me creyó”.
Pero su caso dista de ser el único. México vive una epidemia de feminicidios: desde 2015 se han incrementado en 137% para llegar a 976 crímenes de odio el año pasado y, organismos de derechos humanos, aseguran que las cifras podrían ser aún mayores porque, en muchos casos, no se denuncian las agresiones.
El aumento supera considerablemente el rápido incremento de la cifra general de homicidios del país de un 82%.
Casi cinco años después del ataque, su cuerpo aún sufre las secuelas del episodio: no oye bien, olvida las palabras y sufre de ansiedad. Desde el último encuentro en el hospital, ella no ha visto a su agresor quien eventualmente, dijo, le envía mensajes intimidatorios por redes.
Poco después de salir de la clínica, la joven fue a denunciar la agresión pero en la Fiscalía la despacharon diciéndole que, si volvía a ocurrir regresara. La Fiscalía no estuvo disponible para comentarios.
Las autoridades han dado respuestas tibias. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al “neoliberalismo” por los feminicidios, luego del asesinato y agresión sexual de una niña de siete años en la capital mexicana.
“NO VALES NADA”
La joven, que estuvo un año alejada de sus labores como docente, dijo a Reuters que tardó años en poder hablar de su caso sin avergonzarse y en lograr convencer a sus familiares de la “pesadilla” que vivió.
Recordó que su pareja estalló luego que ella le dijera que lo iba a dejar tras episodios anteriores de violencia, incluso sexual.
La joven, quien también se graduó de bióloga, dijo que, al igual que muchas otras mujeres, ella tuvo una fuerte dependencia con su atacante, con quien convivió durante tres años. “Poco a poco te van acorralando y te hacen pensar que no vales nada, y lo peor, tú les crees (…) uno debe pedir ayuda”, confesó.
De los 35,558 homicidios registrados en México el año pasado, 3,825 de las víctimas eran mujeres.
Cansadas de no encontrar justicia, las mexicanas han tomado las calles y espacios públicos buscando una respuesta de las autoridades, en medio de un despertar mundial que ha logrado visibilizar la violencia contra las mujeres.
Poco a poco, los hombres también se han sumado, en un país históricamente machista.
ESPERANDO JUSTICIA
Familiares de víctimas de feminicidios dijeron a Reuters que las escasas denuncias son resultado del precario sistema de justicia que, aseguran, en muchos casos defiende más al agresor, especialmente cuando tiene cercanía al poder público o grupos criminales.
A mediados de 2010, Mariana Lima fue presuntamente asesinada por su esposo, Julio César Hernández, un policía del Estado de México. Cuando comenzaron las pesquisas, Hernández declaró que Lima, de 29 años, se había suicidado. Irinea Buendía, madre de la víctima, nunca le creyó.
“Desde un principio yo supe que era él”, dijo Buendía quien agregó que su familia ha sufrido varias agresiones durante el largo proceso, la más reciente a finales de enero cuando otra de sus hijas fue atacada a balazos poco después de haber asistido a una audiencia por el caso de su hermana.
El caso de Lima se volvió emblemático al ser el primer feminicidio que escaló a la Suprema Corte de Justicia. En 2015, el máximo órgano judicial ordenó rehacer el proceso tras encontrar fallas en el anterior, que dejó libre al presunto asesino. A casi una década del crimen el presunto responsable, preso desde 2016, no ha sido sentenciado.
Buendía y otros familiares de víctimas consideran que alcanzar la justicia es casi un sueño pues hay pocos detenidos por feminicidio ya que el delito no está tipificado en todo el país, autoridades no toman seriamente las denuncias o criminalizan a las mujeres que fueron asesinadas.
Mientras, los crímenes contra mujeres siguen en aumento. Sólo en enero se registraron 72 nuevos casos.
“Yo no estoy en guerra con los hombres (…) tengo dos hijos hombres y los amo, sigo amando a mi esposo, pero eso no me impide ver que el presidente (López Obrador) no quiere darnos ese acceso a la justicia”, afirmó Buendía. “Mi esposo murió hace dos años esperándola”.
Reuters
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