El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas por un consorcio controlado por el gobernante Nicolás Maduro y hombres claves de su régimen, quienes contrabandean cientos de millones de dólares del metal precioso y entregan sólo una minúscula porción a las arcas del Estado, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
POR ANTONIO MARIA DELGADO / El Nuevo Herald
El consorcio cuenta con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas del oro al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de usar la violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible, tácticas que podrían aportarles otras 12 toneladas al año, dijeron las fuentes a el Nuevo Herald.
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Múltiples testimonios recogidos en la elaboración del este artículo confirman que la operación podría estar generando más de $1,500 millones al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia presidencial emerge como el principal beneficiario.
“Quién está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo a el Nuevo Herald Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo el propio Maduro antes de romper con su régimen a inicios de este año y viajar a Estados Unidos.
“Es algo sin precedentes el saqueo que ha hecho la empresa criminal que administra Maduro al frente del estado. Es algo nunca antes visto”, agregó Cristopher Figuera en una reciente entrevista realizada en Miami.
El Nuevo Herald conversó con militares, funcionarios y trabajadores familiarizados con las operaciones a gran escala de explotación de oro, que junto al narcotráfico, la corrupción y el contrabando de otros minerales sostienen actualmente al régimen.
Al centro de la operación minera se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes, que con sus plantas de cianuración en el estado sureño de Bolívar procesa cerca de un 80 por ciento de la producción del país, según datos del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico.
Pero desconocido hasta ahora es el hecho de que el consorcio se queda con más de dos tercios de la producción total, que luego son contrabandeados fuera del país en vez de ser depositado en el Banco Central de Venezuela, como estipula la ley, dijeron las fuentes consultadas.
¿Quiénes son los beneficiarios? Un puñado de figuras claves del régimen que controlan la operación, dijeron militares venezolanos a El Nuevo Herald.
Entre los dueños de las distintas compañías que forman parte del consorcio figuran el vicepresidente Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, y el empresario colombiano Alex Saab. Todos ellos han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por estar implicados en operaciones de corrupción, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos.
La máxima cúpula del régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares de las arcas del estado durante las dos décadas que ha durado la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, absorbiendo a través de múltiples entramados de corrupción gran parte de la renta petrolera y los fondos obtenidos a través de gigantescos préstamos que fueron contraídos por la nación pero que nunca llegaron a ser gastados en programas sociales y en el desarrollo del país, dijo un militar retirado que habló bajo condición de anonimato.
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Pero la explotación de oro les ofreció un nuevo horizonte de oportunidades, ya que fue el propio régimen el que creó sus propias reglas de juego que les permite operar sin ningún tipo de fiscalización.
“Cuando llegaron, encontraron que el petróleo estaba completamente mecanizado, dominado por reglas e instrumentos de fiscalización que tenían que evadir. Eso generaba dificultades para robarse la riqueza y les tomó tiempo meter a su gente y fue después de todo un proceso de preparación que pudieron saquear. Cosa que hicieron hasta llevarla a la quiebra”, dijo una de las fuentes familiarizadas con la situación que habló bajo condición de anonimato.
“Con el oro es distinto, porque el oro no tiene fiscalización. Si el complejo procesa mil kilos de oro, nadie las fiscaliza. Y ellos mismos se reparten el botín”, agregó.
El régimen de Maduro no respondió a solicitudes de entrevista enviadas por correo electrónico.
EL CONGLOMERADO
El Complejo Industrial Domingo Sifontes — identificado como la columna vertebral de la operación — es controlado por Eduardo José Rivas, hombre de confianza de la familia presidencial.
El día de la inauguración del complejo, ubicado en el sector Nacupay de El Callao en el sudoriental estado Bolívar, el entonces ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, alabó la participación en el proyecto de seis compañías privadas que invirtieron en la construcción de nuevas plantas de cianuración para optimizar la recolección de oro de la zona.
Éstas plantas “son más eficientes porque recuperan hasta el 90 por ciento del oro del material aurífero a procesar y además permite remover las millones de toneladas de arenas auríferas o colas que se han acumulado en las zonas mineras de Bolívar durante décadas de explotación descontrolada, y así sustituir el uso del mercurio, un metal que genera un enorme impacto ambiental”, manifestó el ministro durante el evento del 10 de mayo del 2018.
Lo que no divulgó el ministro es que cada una de las empresas que conforman el complejo — Inversiones RPL, Invertrade, Corporación Petroglobal, Mipre, Inversiones Glenduard, e Inversiones Oriente — son controladas por altas figuras del régimen que recibiendo distintas porciones en el negocio se han convertido en los beneficiarios directores de las operaciones de la explotación de oro.
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Documentos obtenidos por el Nuevo Herald muestran que El Aissami, sancionado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, es uno de los dueños de Inversiones Glenduard. El también sancionado Benavides Torres tiene participación en Invertrade, mientras que los igualmente sancionados hijos de Cilia Flores, Walter y Yosser, tienen su tajada en Mipre.
En los documentos, Rivas aparece como dueño o presidente en varias de las compañías, incluyendo Glenduard, Invertrade, Mipre y Petroglobal, mientras que el también sancionado Saab figura como el gran financista en varias de las plantas.
Saab, empresario colombiano identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales socios de Maduro, fue sancionado por Washington en julio por operar un millonario sistema de corrupción relacionado con el programa de importación y distribución de alimentos conocido en Venezuela como CLAP.
Entre las personas sancionadas ese mismo día por participar en el mismo esquema de corrupción se encontraban los hijos de Flores — Walter, Yosser y Yoswal — “a quienes Saab canalizó dinero a cambio de tener acceso a contratos con el gobierno de Venezuela, incluyendo su programa de subsidios de alimentos”, dijo el departamento del Tesoro en un comunicado.
“A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios y miembros familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción a través del mundo”, dijo el comunicado. “Alex Saab se asoció con allegados de Maduro para operar una red de corrupción de gran escala que utilizaron indolentemente a la población hambrienta de Venezuela”.
ALQUIMIA DEL SIGLO XXI
Los operadores del consorcio encontraron que controlar simultáneamente al estado y las compañías que obtienen las concesiones de explotación es una fórmula de alquimia que literalmente permite crear fortunas de la nada.
Las fuentes de el Nuevo Herald revelaron que las plantas de cianuración que maneja la agrupación adquirió tres millones de toneladas de arenas ricas en oro de la estatal Minerven, pagando un precio de $2.60 por cada tonelada.
Según estudios de la zona, cada tonelada extraída tiene un contenido mínimo de cinco gramos de oro, llegando hasta un máximo de 20 gramos. Colocando el punto medio entre los dos extremos de 12.5 gramos como rendimiento promedio, cada tonelada estaría brindando unos $600 en oro por tonelada, en base a los actuales precios del metal de $48 por gramo.
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Esta relación significa que la inversión inicial de $7.8 millones otorgada para comprarle al estado las tres millones de toneladas tienen un contenido de oro que alcanzaría los $1,800 millones a los actuales precios del mercado.
El complejo actualmente está en capacidad de procesar unas 864,000 toneladas al año, lo que significa que les tomaría unos tres años y medio para procesar los tres millones de toneladas, que ya habían sido extraídas por Minerven y se encontraban depositadas en patios listas para ser procesadas.
Pero el consorcio adelanta la construcción de nuevas y mayores plantas de cianuración con expectativas de duplicar su capacidad de producción, dijeron las fuentes.
Minerven, el principal proveedor de oro del Banco Central, es hoy un cascarón vacío, su producción siendo reducida a una mínima fracción de lo que registraba en la década pasada. Según datos oficiales, la compañía produjo 13.48 toneladas de oro en el 2009, pero cayó precipitadamente durante los siguientes cinco años, ubicándose en menos de 1.4 toneladas al cierre del 2014, según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo y Minería.
Hoy la situación de la empresa es mucho peor.
“Minerven no produce un solo gramo del preciado mineral,” reportó en el julio del 2018 un dirigente sindical que abogaba a favor de la reactivación de las plantas para salvar 4,000 puestos de trabajo.
La paralización de Minerven genera dudas de que el Banco Central de Venezuela esté beneficiándose de alguna manera de la creciente producción de oro del país.
“Todo el oro que se procesa en el estado Bolívar y en las minas, debe ir al Banco Central. Esa es la política, pero extrañamente más nunca hemos visto ni por prensa escrita, ni televisión que haya salido un cargamento o hemos visto algún aparataje de seguridad, donde se pueda evidenciar de que hay un movimiento”, dijo un trabajador de Minerven que habló bajo condición de anonimato.
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“No sabemos realmente cuál es la producción real de la industria. No estamos sabiendo realmente cuál es la producción de las plantas que fueron autorizadas por el estado para que procesaran material secundario, no sabemos la producción de la pequeña actividad que debe estar siendo vigilada por el Ministerio de Desarrollo Ecológico, Minero Ecológico, no sabemos” agregó el trabajador.
Las empresas secundarias obtuvieron permiso para trabajar en el sector, y comprar el metal de productores artesanales, aunque muchas de ellas en realidad se trataban de empresas fantasmas.
LOS ARTESANALES
Pero el consorcio no solo se beneficia de la extracción de arenas emprendidas de las empresas estatales, sino que absorbe el grueso del metal producido por los pequeños productores llamados localmente como “artesanales”.
Emigrando desde las ciudades en busca de fuentes de trabajo, decenas de miles de venezolanos han emigrado hasta la región minera en Bolívar, uniéndose a las pequeñas operaciones de producción del metal.
La producción de estos mineros es ilegal, pero el régimen los tolera siempre y cuando les venda la producción al consorcio.
Según los entrevistados, las regulaciones introducidas por el régimen en el 2015 que establecieron el Arco Minero ha creado una situación de fiebre de oro similar al Gold Rush de California en la primera mitad de los 1800s.
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“Se convirtió en un gran negocio con la creación del Arco Minero en febrero del 2016. No queriendo decir con esto que anteriormente no había minería ilegal, pero no superaban los 30,000 o los 40,000 mineros ilegales en la zona. Hoy deben estar cerca del medio millón el número de personas que participa en esta actividad”, dijo Cliver Alcalá, un mayor general venezolano sancionado por Estados Unidos que en el 2016 rompió con Maduro y hoy vive exiliado en Colombia.
El trabajo en las minas suele ser árduo y requiere largas jornadas bajo el intenso calor de la zona. Durantes esas sesiones, el minero puede llegar a acumular un gramo o dos del metal, que luego suele vender de inmediato, en bolívares, para poder comprar comida.
El metal es vendido a los operadores del consorcio, quienes controlan el dinero en efectivo en la zona. A los artesanales más grandes, que podrían contar con operaciones de mayor producción ya que cuentan con equipos, los controlan a través del combustible.
En la región selvática en que operan, son ellos los que controlan el dispendio de diesel y de la gasolina, y los hombres de los consorcios obligan a éstos operadores a venderles la producción porque de lo contrario no van a poder mantener encendidos los motores de los equipos que utilizan, dijo una de las fuentes conocedoras de la zona.
Cuando eso falla, también está la violencia.
Venezuela es hoy uno de los países más violentos del mundo, y el más peligroso de toda América Latina, registrando una alarmante tasa de 81 homicidios por cada 100,000 habitantes, que contrasta con los 30.5 que registra Brasil, los 24.9 de Colombia o los 24.8 de México. En Estados Unidos, la tasa no llega a alcanzar los seis homicidios por cada 100,000 habitantes.
Pero la violencia en la ciudad minera del Callao, donde está basado el Complejo Industrial Domingo Sifontes, es realmente difícil de creer. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la localidad registró en el 2018 una tasa de 620 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que el también minero municipio de Roscio, donde se encuentra la localidad de Guasipati, el total se ubicó en 458, y en el municipio Sifontes (Tumeremo) el número fue de 199.
En su informe del 2018, el observatorio dijo que esa violencia se debe a la presencia en la zona minera de grupos delictivos, conocidos en Venezuela como ‘Pranes,’ y elementos del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las fuentes dijeron que los pranes y la guerrilla operan en la zona en colaboración con el régimen, y son quienes mantienen orden en las minas y se cercioran que el complejo sea respetado y obedecido.
“El aporte del ELN en la operación es que ellos son los que tienen el control sobre las minas, apaciguando al malandro, al atracador, al drogadicto y pacificando la zona. Ponen orden para que la gente trabaje bien”, dijo una de las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.
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“Lo mismo hacen los pranes. Ellos ponen orden para que allá nadie cometa ningún tipo de falta o delito, y se pueda trabajar tranquilamente. No permiten que nadie, absolutamente nadie, vaya para allá a interferir con la labor de los mineros”, agregó.
Pero aún cuando su responsabilidad es mantener el orden, estos grupos irregulares enfrentan todo desafío con violencia, y han sido responsabilizados por una serie de masacres registradas en la región, donde decenas de mineros han sido ejecutados.
El periodista Jorge Benezra colaboró con la elaboración de este artículo desde Venezuela.
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