McConnell, líder republicano en el Senado, no reconoce la victoria de Biden y avala las acusaciones de fraude de Trump.
Después de tres días de ambigüedades, el Partido Republicano ha roto su silencio y ha salido en bloque en apoyo de Donald Trump y sus acusaciones de fraude electoral contra el demócrata Joe Biden.
Beatriz Navarro | La Vanguardia
“No nos pongamos a sermonear” al presidente Trump sobre qué debe o no hacer en esta situación, dijo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell. “Nada de sermones sobre cómo el presidente debería aceptar de inmediato y con alegría los resultados electorales preliminares viniendo de los mismos personajes que se han pasado los últimos cuatro años negándose a aceptar la validez de las últimas elecciones”.
La reacción de McConnell va en sentido contrario que la felicitación a Biden expresada por el expresidente George Bush el domingo, seguida solo por varios senadores y gobernadores del ala moderada del partido. El líder republicano en el Senado se abstuvo de felicitar al demócrata pero también de comentar el resultado preliminar, que convirtió en ganador matemático de las elecciones a Biden el sábado al mediodía gracias a su victoria en Pensilvania y Nevada. “El presidente Trump está al 100% en su derecho de examinar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus opciones legales”, defendió el senador durante una sesión de la Cámara Alta.
La campaña de Trump ha emprendido recursos legales en estos y otros estados con el objetivo de impugnar los resultados pero por el momento ninguno ha tenido recorrido y todos los expertos coinciden en que tienen pocos visos de prosperar. Trump ya había avisado antes de las elecciones de que no aceptaría una derrota, lo que tampoco contribuye a dar credibilidad a sus alegaciones. En uno de los casos las pruebas eran tan débiles como una nota escrita en un post-it por un supuesto observador electoral no identificado.
Los esfuerzos de los abogados del presidente, que está insistentemente pidiendo donaciones a sus simpatizantes para financiar la batalla legal, se han visto reforzados por una ofensiva conjunta anunciada ayer por los fiscales generales de estados republicanos, que han pedido al Tribunal Supremo que vuelva sobre la sentencia de septiembre que avaló la ley estatal de Pensilvania que permite computar votos recibidos hasta tres días después de las elecciones peor dejó abierta la posibilidad de reexaminar el caso. Las autoridades de este estado, donde Biden ha obtenido unos 45.000 votos más que Trump, afirman que el volumen de papeletas recibidas dentro de ese plazo fue muy limitado y no tiene capacidad para alterar el resultado.
En una muestra más de la instrumentalización del Departamento de Justicia que ha definido a la era Trump, el fiscal general William Barr instruyó ayer a sus efectivos para que investiguen cualquier sospecha de “irregularidades en el cómputo de votos” antes de que los estados certifiquen los resultados. La práctica habitual del ministerio era hasta ahora no intervenir hasta que no se han certificado los resultados. “No hay ninguna justificación para que haga esto”, ha declarado Matthew Miller, exportavoz del Departamento durante la Administración Obama. “En el mejor de los casos Barr ha hecho esto para calmar a Trump y dar credibilidad a sus acusaciones de fraude. En el peor de los casos, el Departamento de Justicia está dispuesto a intervenir de algún modo para inclinar las elecciones a favor del presidente. Ninguna de estas opciones es buena pero una es mucho peor que la otra.
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