La afrenta entre el Poder Judicial y el presidente Donald Trump por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos bajo la etiqueta de «miembros del Tren de Aragua» continúa este lunes. En un memorando con su opinión, el juez James Boasberg decidió mantener bloqueadas las expulsiones de ciudadanos de ese país bajo este estatuto y pide que antes de ser removidos puedan probar de forma individual ante una corte que no pertenecen a la organización criminal.
Boasberg, juez a cargo de la Corte de Distrito de DC, hace el análisis de su decisión en el caso de cinco venezolanos que el 15 de marzo estaban detenidos en Texas y solicitaron medidas de emergencia. Ante su tribunal pidieron que se frenaran sus deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros —que los expulsaba «de forma sumaria».
«El Gobierno se equivocó», escribe el juez en su razonamiento. «Todos niegan vehementemente ser miembros del Tren de Aragua y, por lo tanto, estar sujetos a la proclamación. De hecho, varios afirman que huyeron de Venezuela (…) y temen graves consecuencias si son deportados únicamente por la clasificación indiscutible del gobierno», se lee en el documento de 37 páginas.
Univision Noticias ha estado indagando en las historias de venezolanos que han sido catalogados por agentes de inmigración como miembros de la banda criminal Tren de Aragua. En todos los casos han sido fichados por sus tatuajes: les preguntan si tienen pintas en la piel y eso queda consignado en documentos con los que posteriormente se sustenta —en audiencias de fianza— que pueden representar un peligro para la seguridad nacional. Así, han sido dejados en custodia federal por meses y ahora, han sido llevados a la Base Naval de Guantánamo, al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) en El Salvador o en cuatro vuelos de regreso a su país sin que puedan defenderse de esa etiqueta. Muchos de ellos tenían audiencias de inmigración pendientes.
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En su opinión, Boasberg mostró las mismas conclusiones en los casos de estos cinco venezolanos, que motivaron a contrarreloj su Orden de Restricción Temporal (ORT) de deportaciones bajo el uso de la ley de 1798. Cuenta que fueron interrogados sobre su filiación a la pandilla y que aunque negaron «firmemente» ser miembros de la banda, en el pasado o en el presente, fueron trasladados desde centros de detención en distintas partes del país a la instalación del sur de Texas, como otros 100 venezolanos a los que les dijeron que serían deportados.
El juez Boasberg sentó esta opinión horas antes de que una Corte de Apelaciones escuche este lunes los argumentos del gobierno para desafiarlo: en esa instancia, Trump buscará reasignar el caso a otro juez de distrito y dejar sin efecto su orden temporal de restricción para frenar nuevas deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Desde el sábado pasado, la tensión entre Boasberg y el gobierno de Trump ha ido arreciando. Él aseguró que investigará a fondo si su orden para regresar los aviones con venezolanos fue violada y estos partieron incluso a sabiendas de que habría una audiencia de emergencia. El Departamento de Justicia, de su lado, se ha negado a entregarle información detallada sobre los vuelos por considerar sus cuestionamientos como «innecesarios». Evalúan si invocar el «privilegio del secreto de Estado» para evadir los cuestionamientos del juez.
Boasberg pide que tengan una audiencia
El juez Boasberg asegura en su opinión que la forma en que están siendo fichados es suficiente para que los cinco demandantes soliciten una Orden de Restricción Temporal (ORT) que frene la capacidad del gobierno para deportarlos a ellos y a cualquier otro venezolano acusado en la misma condición y sin tener una audiencia para probar su inocencia.
«Antes de ser deportados, tienen derecho a audiencias individuales para determinar si la ley (de Enemigos Extranjeros) les aplica. Como el propio gobierno admite, el imponente poder otorgado por la ley sólo puede aplicarse a quienes son, de hecho, enemigos extranjeros», dice Boasberg en su opinión. Explica que tanto su corte como la Corte Suprema están en capacidad de decidir sobre esta materia cuando las personas amenazadas con una detención o una deportación impugnan su designación de «enemigos extranjeros».
«Dado que los demandantes disputan ser miembros del Tren de Aragua no pueden ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre los méritos de su impugnación», se lee.
Boasberg explicó además que su razonamiento para que tengan una audiencia en la que probar su inocencia no es novedad. Escribió que durante la Segunda Guerra Mundial —la tercera vez que la ley se invocó—, «el presidente Roosevelt estableció audiencias para los enemigos extranjeros arrestados… a fin de permitirles presentar hechos en su defensa». Esas audiencias, dijo, estaban compuestas por entre tres y seis civiles que escuchaban las declaraciones de los extranjeros y formulaban recomendaciones que no eran vinculantes para el fiscal general.
Explicó que después de aquel uso de Roosevelt, la Ley de Enemigos Extranjeros permaneció inactiva por 75 años.
Tres razones para no ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
El juez explicó que los demandantes pelean que se les aplique la Ley de Enemigos Extranjeros por tres razones.
La primera, porque la proclamación es ilegal en sí misma. Aseguran que las acciones del Tren de Aragua no constituyen ni una «invasión» ni una «incursión depredadora», como alega el gobierno. Consideran además que tampoco la banda es una nación o gobierno extranjero.
Aunque el gobierno ha intentado defender el arresto y deportación de venezolanos al relacionarlos con la banda criminal, hasta el momento ninguna agencia federal ha presentado una estructura operativa de crímenes cometidos en Estados Unidos que pueda definir la presencia real del Tren de Aragua como un grupo de interés para la seguridad nacional. Hasta el momento sólo han relacionado a personas específicas con delitos, como en el caso del asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley.
La segunda razón que alegan los demandantes es que, aunque la ley hubiera sido invocada legalmente, ellos no entran en la categoría de la proclamación porque no son miembros del Tren de Aragua.
Y la tercera es, que aunque se decidiera que pueden ser deportados bajo esta ley, el gobierno no puede enviarlos a El Salvador, «donde problablemente nos espera la tortura».
El juez asegura que el segundo argumento de los demandantes es el más fuerte para protegerlos de la deportación bajo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Boasberg reiteró que abogados defensores de algunos de los inmigrantes enviados al Cecot aseguraron que sus clientes no tenían conexiones con la banda. El gobierno, dice el juez, explicó que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) hizo una «revisión cuidadosa» de cada caso para asegurarse de que eran miembros, «aunque reconoció que ninguno de ellos tenía historia criminal en Estados Unidos».
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