La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen, aprobó este martes una reforma legal que otorga a Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega, el control directo del Ejército, consolidando el modelo de poder familiar que domina el país desde hace más de una década.
La medida se da en un contexto de creciente militarización, represión y concentración absoluta del poder en la figura de la pareja presidencial.
La iniciativa modifica el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar y establece que “el Ejército de Nicaragua está bajo el mando de la Presidencia de la República como Jefatura Suprema”.
Desde febrero, Murillo fue elevada oficialmente al rango de “copresidenta” mediante una reforma constitucional que disolvió la figura de vicepresidencia en favor de una presidencia compartida con Ortega. En la práctica, el cambio legal formaliza una situación de poder que ya ejercía de facto desde hace años.
Con esta nueva ley, Murillo pasará a tener mando directo sobre las fuerzas armadas una vez que la norma sea ratificada en segunda votación y publicada en la Gaceta Oficial.
El texto aprobado también amplía las funciones del Ejército, que deberá colaborar con la Policía Nacional –otro brazo del régimen– en tareas de represión interna bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
El artículo establece que el Ejército deberá “coadyuvar con la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y sus actividades conexas”, obedeciendo órdenes directas de la dictadura.
En la práctica, se trata de un paso más en la integración de las instituciones armadas al aparato de represión política del régimen.
La reforma también incorpora un componente simbólico e ideológico: los nuevos miembros del Ejército deberán prestar juramento no solo a la bandera azul y blanca de Nicaragua, sino también a la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que representa el partido de Ortega. Esto marca una ruptura con el principio constitucional de neutralidad política de las fuerzas armadas.
El control del Ejército por parte de Murillo se suma a una lista de medidas impulsadas por el régimen para eliminar cualquier contrapeso.
En los últimos años, el gobierno ha clausurado más de 3.000 organizaciones civiles, ha ilegalizado a todos los partidos opositores, ha cerrado medios de comunicación independientes y ha despojado de la nacionalidad a más de 450 críticos, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos.
Desde las protestas de abril de 2018, la represión ha dejado más de 300 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha documentado violaciones sistemáticas cometidas por el Estado.
El régimen sigue calificando aquellas manifestaciones como un intento de “golpe de Estado” promovido por Washington.
El fortalecimiento del rol militar de Murillo consolida aún más el modelo de dictadura dinástica que Ortega ha instaurado desde su regreso al poder en 2007.
Al frente del país junto a su esposa, el dictador ha eliminado los pesos y contrapesos institucionales, neutralizado a la oposición y convertido al Estado nicaragüense en una estructura dominada por la lógica del partido único y la represión sostenida.
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