La represión y el hostigamiento del régimen de Daniel Ortega no cesan. Durante mayo, al menos 63 nicaragüenses opositores fueron detenidos acusados de “traición a la patria”, reportó el centro Monitoreo Azul y Blanco, cuyos informes están avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre estas más de 60 detenciones arbitrarias se identificaron estudiantes y cuatro sacerdotes, de los cuales uno fue liberado pero el resto permanecen bajo custodia policial.
Se trata de los clérigos Jaime Montesinos, párroco de la diócesis de Matagalpa, y otros dos sacerdotes no identificados, que están siendo investigados por “asuntos administrativos” relacionados con la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí.
Sumado a estos episodios, que tuvieron lugar en 13 de los 15 departamentos de Nicaragua y las dos regiones autónomas, el informe dio cuenta del procesamiento a 81 disidentes. De ellos, 53 son hombres y 28, mujeres.
Por otro lado, en los últimos 31 días, Monitoreo Azul y Blanco constató 228 incidentes de violaciones de derechos humanos, ocurridos contra 158 personas. Puntualmente, se trató de 81 procesos de judicialización con medida alterna, 63 detenciones arbitrarias, 29 casos de hostigamiento, 27 inhabilitaciones definitivas al ejercicio de la abogacía de profesionales del derecho, 16 amenazas, diez represiones migratorias, dos agresiones y una muerte en circunstancias no esclarecidas bajo detención.
El arresto de los cuatro sacerdotes fue una muestra más de la guerra que el régimen de Ortega libró contra la Iglesia. En este contexto, el pasado sábado, la Policía de Nicaragua acusó a la sede eclesiástica en el país de haber participado en maniobras de “lavado de dinero”.
En un escrito, aseguraron haber detectado “centenares de millones de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis en el país” que expondrían “la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias (…) así como de otros actos ilícitos (…) como parte de una red de lavado de dinero”.
A continuación, las fuerzas de seguridad exigieron al cardenal Leopoldo Brenes que presente documentos que demuestren los movimientos de las cuentas bancarias de las tres diócesis que intervinieron como consecuencia.
Las sedes implicadas son las de Managua -presidida por Brenes- y las de Matagalpa y Estelí -a cargo del obispo encarcelado y condenado a más de 26 años de cárcel, Rolando Álvarez-.
El dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga denunció desde el exilio que “el bloqueo de las cuentas bancarias es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia, además de una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica”.
La represión en el país se intensificó después de abril del 2018 cuando estallaron las protestas contra el régimen de Ortega-Murillo y que derivaron en una agudización de la crisis política y social.
Desde entonces, cientos de críticos se han visto obligados a abandonar el país, han sido expulsados y despatriados, o han sido encarcelados.
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