Las tensiones entre la Casa Blanca y el sistema judicial estadounidense aumentaron este lunes por la disputa sobre la legalidad de los recortes del gasto federal planteados por la administración.
EFE
En sus primeras tres semanas en el cargo, el presidente Donald Trump ha emitido una serie de decretos para reducir el gasto federal. Puso al frente al director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, que lleva a cabo una campaña de recortes que los críticos consideran inconstitucionales.
Los planes de Trump, incluido el cierre de varias agencias federales y el envío del personal a casa, han desatado batallas legales en todo el país.
Múltiples demandas buscan detener lo que los opositores tachan de toma de poder ilegal.
El equipo de Musk ha congelado programas de ayuda y promovido reducciones de personal mediante propuestas de dimisión generalizadas y amenazas de despido.
Los demócratas, los sindicatos y los activistas se quedaron inicialmente anonadados pero, tras acusar el golpe, han emprendido acciones legales.
En una publicación en las redes sociales el domingo, el vicepresidente J.D. Vance argumentó que los jueces carecen de autoridad para «controlar el poder legítimo del ejecutivo». Lo comparó con un juez dictando la estrategia militar a un general.
«¡La tiranía judicial es groseramente inapropiada!», dijo Musk, haciéndose eco de la respuesta de la Casa Blanca.
El sábado un juez bloqueó el intento de Musk de acceder a los datos personales y financieros de millones de estadounidenses almacenados en el Departamento del Tesoro.
Los fiscales generales demócratas de 19 estados presentaron el caso el viernes contra el presidente republicano, el Departamento del Tesoro y el hombre que lo dirige, Scott Bessent.
Por separado un juez federal en Rhode Island dijo el lunes que la administración Trump ha violado una orden que levanta una congelación general de fondos federales.
«La congelación amplia, categórica y generalizada de los fondos federales es (…) probablemente inconstitucional y ha causado y continúa causando un daño irreparable a una gran parte de este país», afirma el dictamen.
Es la primera vez desde que Trump asumió el cargo que un juez federal acusa a su administración de desafiar una orden judicial.
– «Sin precedentes» –
En Boston, otro juez federal dictaminó el lunes que el gobierno debe extender el plazo de la polémica oferta de dimisión para los funcionarios, que los expertos legales consideran vaga y potencialmente ilegal.
El plan, anunciado el 28 de enero en un correo electrónico con el título «Encrucijada», el mismo usado por Musk con los empleados de Twitter en 2022 cuando compró y rebautizó la plataforma, ofrece a los trabajadores ocho meses de salario a cambio de renunciar, o arriesgarse a ser despedidos en el futuro.
La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, ahora dirigida por aliados de Musk, extendió el plazo límite del jueves hasta el lunes a las 11H59 (martes a las 04H59 GMT).
El juez George O’Toole ordenó un nuevo plazo a la espera de su decisión.
Los sindicatos habían solicitado una medida cautelar para suspender la propuesta hasta que los tribunales se pronunciaran.
«Esta es una acción sin precedentes tomada en un plazo sin precedentes que está causando un daño irreparable», declaró la abogada Elena Goldstein al juez federal, según el canal WHDH-TV.
Según la prensa estadounidense al menos 65.000 funcionarios han aceptado el llamado programa de renuncia diferida.
«Si la gente no se presenta a trabajar, tenemos derecho a despedirla», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes. Cree que los funcionarios autorizados a teletrabajar desde la pandemia no obedecerán su orden de regresar a la oficina.
A pesar de los desafíos legales, la administración Trump continuó su campaña de recortes el lunes, cerrando la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, una agencia que los republicanos han criticado durante tiempo.
Cientos de manifestantes se congregaron frente a la agencia después de que el director interino, Russell Vought, informara al personal que la oficina en Washington cerraría esta semana y ordenara a los empleados no acudir al trabajo.
Además el equipo de Trump despidió a David Huitema, hasta ahora director de la Oficina de ética del gobierno.
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