Grupos de la sociedad civil protestaron este martes pacíficamente cerca de la sede del Gobierno de Panamá contra la resolución oficial que restringe por un período de 10 años el acceso a las actas del Consejo de Gabinete (consejo de ministros).
EFE
«Estamos aquí exigiendo el acceso a la información que como ciudadanos merecemos. Nosotros como ciudadanos debemos fiscalizar la labor que realizan nuestros gobernantes y por eso no se puede ocultar la información», afirmó a Efe Irving Batista, secretario general del Movimiento Acción Ciudadana.
Poco más de un centenar de manifestantes se congregaron en una plaza del Casco Antiguo de la capital panameña, donde está la sede de la Presidencia, algunos con pancartas con mensajes como «despierta Panamá, esto no es progreso».
Otro manifestante, Feliciano Oliveros, del Movimiento Patriótico 9 de enero, se quejó que el Gobierno en vez de dar a los panameños, azotados por el desempleo derivado de la crisis de la pandemia, la oportunidad de aportar al país, «formaliza una política de secretismo, de falta de transparencia, de no dar la cara al pueblo», algo que no se puede permitir, según afirmó.
El Gobierno de Panamá emitió la Resolución 71 del 4 de agosto que declara como información de acceso restringido durante 10 años «la correspondiente a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República».
La Presidencia argumentó que la resolución se fundamenta en el artículo 14 de la vigente Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002, que «establece taxativamente un listado de la información considerada de acceso restringido, facultando a todas las instituciones y órganos del Estado para que, mediante Resolución, así lo declaren».
Esa ley también permite «que se levante la restricción cuando dejen de existir las razones que justificaban su acceso restringido», señaló el Gobierno presidido por Laurentino Cortizo, sin especificar las causas que le llevaron a emitir la resolución.
«Es importante destacar que la norma exceptúa de estas restricciones a aquellas informaciones correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de contratos, las cuales no se encuentran contempladas dentro de la declaratoria de acceso restringido», agregó la información oficial.
Transparencia Internacional (TI) capítulo de Panamá dijo este martes que la decisión del Gobierno de Panamá de restringir el acceso a las actas del Consejo de Gabinete (consejo de ministros) «agudiza la crisis de desconfianza ciudadana y es moralmente incorrecta».
El diputado independiente Gabriel Silva presentó en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños y amplia mayoría oficialista, un proyecto legislativo para reformar la Ley de Transparencia y anular la Resolución 71, que además fue demandada ante la Corte Suprema por al menos un abogado particular.
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