La Procuraduría Especial de la República emitió un comunicado en el que invita a la comunidad internacional a acompañar la elección de Junta Directiva que llevará a cabo la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero.
En este sentido, instó a los aliados internacionales de Venezuela a desconocer las sentencias ilegítimas del TSJ usurpador de la dictadura de Maduro, que pretende anular la reforma del Reglamento Interior y de Debates aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 17 de diciembre.
El nuevo Reglamento Interior y de Debates permitirá que los diputados de la Asamblea Nacional que son víctimas de persecuciones por parte de grupos armados de la dictadura de Nicolás Maduro, puedan ejercer su derecho al voto de forma electrónica.
Comunicado integro:
La reforma del Reglamento Interior y de Debates aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 17 de diciembre y publicado en la Gaceta Legislativa N° 2 extraordinario de 19 de diciembre de 2019, es una decisión constitucional de la Asamblea Nacional dictada en ejercicio de sus competencias exclusivas para organizar su funcionamiento interno, de acuerdo con lo dispuesto en Ios numerales 19 y 23 del articulo 187 de la Constitución.
El propósito fundamental de esa reforma es introducir el voto por mecanismos electrónicos, esto es, el voto expresado por tecnologías de la información y de la comunicación (TICs.), como parte del llamado parlamento electrónico, tal y como lo permite, entre otras, la Ley del Infogobierno. En especial, ello permitirá que los diputados que no puedan asistir presencialmente al Palacio Federal Legislativo como resultado de la persecución política adelantada por el régimen de Nicolás Maduro, puedan ejercer sus derechos de manera no-presencial, incluso, para la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero de 2020.
Precisamente, como parte de esta persecución, el régimen de Nicolás Maduro se apresuró a declarar la “nulidad” de esta reforma, según decisión número 517 de 19 de diciembre de 2019, dictada por la ilegitima Sala Constitucional.
Esta decisión no puede ser considerada como una sentencia válida y vinculante de la jurisdicción constitucional, sino como una decisión política adoptada por la ilegitima Sala Constitucional al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Tal decisión política, por lo demás, contradice el principio de acuerdo con el cual la Asamblea Nacional goza de amplio margen de discrecionalidad para dictar su propio reglamento de interior, según decidiera la Sala Constitucional N° 1718/2009. de 20 de agosto.
Por lo anterior, la comunidad internacional que ha reconocido al Presidente de la Asamblea Nacional como Presidente encargado de la República, debe reconocer y respaldar la reforma del Reglamento interior y Debates, ignorando por ello esta nueva decisión política de la Sala Constitucional.
Con información de Presidencia
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