La muerte de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años, en custodia de la Policía, después de haber sido sometido a incesantes descargas eléctricas con un arma tipo taser en una calle de Bogotá a pesar de encontrarse sometido por los agentes en la madrugada de este miércoles, ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad de los uniformados en Colombia. La alcaldesa de la capital, Claudia López, ha prometido actuar en conjunto con los organismos de control para buscar una reforma estructural que detenga los episodios de abusos policiales que han agitado el debate público.
Las imágenes del momento en el que dos policías someten a las descargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez, un padre de dos hijos, en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, han inundado las redes sociales y provocado conmoción en el país. En el video, los agentes se le arrodillan encima en un episodio que recuerda lo ocurrido en Estados Unidos con George Floyd.
Durante más de dos minutos, varias personas los graban, y se escucha a Ordóñez, descamisado, suplicar que paren. “Me ahogo”, alcanza a explicar agitado en medio de los electrochoques. “Les está diciendo que por favor, los estamos grabando”, advierten los testigos a los policías al tiempo que les piden que lo suelten. “¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo por favor?” preguntan los vecinos sin obtener respuesta hasta que llegan otro par de agentes.
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Los policías se movilizaron ante una llamada “por una presunta riña”, y al llegar al lugar se encontraron con ocho personas discutiendo, bajo los efectos del alcohol, según la argumentación del coronel Alexander Amaya.
“Se trata de disuadir a estas personas pero se vuelven agresivas contra la Policía. La Policía debe someterlas y unas de estas personas son conducidas hasta el CAI [Centro de Atención Inmediata]. En estos momentos, una presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales”, declaró a primera hora de la mañana. De acuerdo con los testimonios de los amigos de Ordóñez que han recogido los medios de comunicación, uno de los agentes le dijo “de esta no se salva”, mientras él contestaba que procedieran a ponerle el comparendo –el consumo de alcohol tiene restricciones en medio de la pandemia del coronavirus– antes de que se desencadenara la agresión.
En sus primeras reacciones, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido progresista Alianza Verde, ofreció a los familiares asistencia judicial y propuso además una condena ejemplar para los responsables directos, “una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial”.
Desde la Alcaldía se han rechazado y denunciado los abusos, pero la institución no ha tomado medidas serias, por lo que insistirá en esos cambios conjuntamente con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. “Esto no es de manzanas podridas. ¡La vida es sagrada!”, señaló anticipándose a un argumento habitual en Colombia cuando se habla de comportamientos inapropiados de parte de uniformados. “El abuso policial es inaceptable”, ha enfatizado la alcaldesa.
A la espera de la autopsia, que podría arrojar nuevas luces para resolver lo sucedido, el caso fue priorizado por la fiscalía general. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también señaló que “rechaza y condena cualquier acto de un miembro de la Policía que incurra en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos”. Subrayó que los dos agentes ya son objeto de investigación tanto disciplinaria como penal, y la institución brindará toda la colaboración requerida por las autoridades competentes.
El uso excesivo de la fuerza ha agitado la discusión pública particularmente desde la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque que sacudieron al país a finales del año pasado. En esas marchas, un disparo del controversial Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía mató durante una protesta pacífica en el centro de Bogotá a Dilan Cruz, un joven manifestante que se convirtió en un símbolo de la movilización social.
“No vamos a permitir, de ninguna manera, el abuso de poder de ninguna autoridad contra esa legítima expresión ciudadana”, prometió la alcaldesa el primero de enero en su discurso de posesión. Aunque la protesta social se ha visto desactivada por la pandemia, las denuncias de pequeños episodios de abusos policiales –hasta ahora sin víctimas mortales– han abundado durante el último semestre, con distintos grados de medidas de confinamiento en vigor para atender la crisis sanitaria.
De manera similar a lo que ha ocurrido con las Fuerzas Militares, involucradas en una cadena de escándalos que incluyen desde interceptaciones ilegales hasta violaciones de niñas indígenas, la imagen de la Policía ha caído en los estudios de opinión. En la más reciente medición de la Gallup Pool, la percepción de la institución se desplomó hasta el 39 por ciento de imagen favorable frente a un 57 por ciento de imagen desfavorable. “Algo no está funcionando en la capacitación de las fuerzas militares y la policía nacional”, le dijo en julio a este periódico el saliente defensor del Pueblo, Carlos Negret.
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