El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes un proyecto de ley con trámite de urgencia que busca ampliar el Pilar Solidario de las pensiones, después de que la iniciativa de reforma al criticado sistema previsional lleve años estancada en el Parlamento.
EFE
El nuevo proyecto contempla un aumento de la Pensión Básica Solidaria (la que reciben quienes no han cotizado) desde los poco más de 164.000 pesos actuales (unos 212 dólares) hasta los 177.000 pesos (sobre 230 dólares), el equivalente a la línea de la pobreza.
Asimismo, busca extender la cobertura del llamado Aporte Previsional Solidario (que otorga el Estado a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas) desde el 60 % actual al 80 % de los pensionados.
«Esta propuesta favorece especialmente a las mujeres, a la clase media y a los trabajadores con lagunas previsionales y mejora las pensiones de casi dos millones de compatriotas», afirmó el mandatario en un comunicado.
Este nuevo proyecto se enmarca en la reforma al sistema de pensiones que persigue Gobierno, sobre la que ya se había presentado otro proyecto que implica un incremento del 6 % de las cotizaciones con cargo al empleador y algunas de las disposiciones de esta nueva iniciativa, como el aumento de la cobertura solidaria estatal hasta el 80 %, pero que lleva meses estancado en el Congreso.
Es debido a esta falta de avance por la que Piñera presentó este nuevo proyecto con trámite de urgencia: «Porque los pensionados no pueden seguir esperando y para terminar con esta larga y perjudicial espera», aseveró.
La iniciativa establece también que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía (desempleo).
Para financiar este aumento de pensiones, el proyecto incorpora la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias, «que no se justifican y cuya eliminación contribuirá a un sistema tributario más simple y más equitativo», dijo el mandatario.
El anuncio de este nuevo proyecto se produce en paralelo a la discusión que tiene lugar en el Congreso de una iniciativa de ley, a la que el Ejecutivo se opone frontalmente, que busca permitir a los ciudadanos, por cuarta vez desde que comenzó la pandemia, retirar un 10 % de sus fondos de pensiones, como vía para aliviar las economías domésticas diezmadas por la pandemia.
«El aumento anunciado es insuficiente y tacaño y si con esto el Gobierno pretende frenar el cuarto retiro, están muy equivocados», afirmó el diputado opositor Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD).
Algunos expertos sostienen que los retiros, que hasta ahora supuesto un desembolso de más de 50.000 millones de dólares, no son oportunos ahora que la pandemia se ha replegado, el país goza de más libertades que nunca, y la medida supondría hipotecar los ahorros futuros de muchos contribuyentes.
En contraposición, el Ejecutivo ha optado por reforzar las ayudas sociales, que amplió en agosto por un valor de 7.000 millones de dólares, que se suman a los más de 34.000 millones de dólares ya comprometidos.
Ideado por José Piñera, hermano del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas o del que luego puede disponer cuando se jubila.
La participación del Estado es mínima y se da a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.
Los críticos de este modelo alegan que las empresas gestoras de los fondos obtienen millonarios beneficios mientras que reparte jubilaciones pírricas, con la mitad de los contribuyentes recibiendo menos de 215.000 pesos (280 dólares) al mes, según datos de la Fundación Sol.
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