Más de 90 organizaciones sociales, políticas y de la diáspora nicaragüense pidieron este miércoles al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que exija al Gobierno del presidente Daniel Ortega la aprobación de reformas electorales para garantizar unas «elecciones libres y justas» en noviembre próximo.
EFE
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones opositoras rechazaron la propuesta de reforma electoral promovida por los legisladores sandinistas, y solicitaron a Almagro que exija a Ortega una enmienda «coherente» que garantice elecciones libres con miras a los comicios presidenciales del 7 de noviembre.
«Hoy nos unimos nuevamente para realizar a la Secretaría General y a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) nuestro más vehemente llamado para que realicen todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance, en el ámbito bilateral y multilateral, para demandar al régimen actual la aprobación de reformas a la Ley Electoral», señaló ese grupo de organismos.
También para que demande la elección de magistrados electorales que garanticen el respeto a la voluntad popular.
En el documento, recordaron que el 21 de octubre de 2020 la Asamblea General de la OEA emitió la resolución «Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas», en la cual instó al Gobierno nicaragüense a celebrar elecciones libres y justas, permitir observación electoral internacional independiente y acreditada.
En esa resolución, observó el grupo de organismos, se puso un plazo para implementar esa reforma electoral, «a más tardar en mayo de 2021».
La propuesta de los sandinistas, presentada el 12 de abril pasado, de ser aprobada, según esos organismos, «profundizaría la crisis del sistema electoral».
Por tanto, abogaron por la aprobación de una adecuada reforma a la Ley Electoral, y el nombramiento de «magistrados idóneos» en el Consejo Supremo Electoral.
La propuesta de reforma electoral, promovida por los sandinistas, según los opositores, inhibe a candidatos críticos al presidente Ortega, limita la financiación electoral, suspende la observación electoral, y restringe derechos constitucionales.
El documento fue suscrito por los partidos Ciudadanos por la Libertad y el de Restauración Democrática, y los organismos Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Unidad Nacional Azul y Blanco, Movimiento Campesino, entre otros.
También por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal de Nicaragua.
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