La relatora especial de la ONU de los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la situación de los líderes estudiantiles de las protestas que se han contagiado de la covid-19 en la cárcel en Tailandia.
En su cuenta de Twitter, Lawlor calificó de «alarmante» la noticia de que Parit Chiwarak y otros líderes estudiantiles se han contagiado de la covid-19 en prisión y requieren ser trasladados para recibir atención adecuada.
Lawlor afirmó que el año pasado ya expresó su preocupación, junto con otros relatores especiales, ante el Gobierno tailandés por la detención de Parit y otros líderes estudiantiles.
Parit, que volvió a entrar en prisión hacer tres semanas mientras estaba en libertad bajo fianza, se encuentra en un hospital de la cárcel en Bangkok, pero ha pedido ser trasladado a un centro hospitalario externo para recibir tratamiento adecuado.
El año pasado, Lawlor y otros relatores especiales expresaron su preocupación por la detención de manifestantes antigubernamentales en Tailandia por manifestarse y expresar sus opiniones.
Sin embargo, las autoridades tailandesas aseguran que los manifestantes detenidos han sido acusados de vulnerar leyes y cometer supuestos delitos como incitación a la violencia, lesa majestad, sedición y divulgar noticias falsas, entre otros.
Las manifestaciones lideradas por los estudiantes comenzaron en febrero de 2020 tras la polémica disolución del Future Forward, una formación progresista que abogaba por reformas profundas en el país y que tenía muchos seguidores entre los jóvenes.
Meses más tarde el movimiento se amplió a otros sectores sociales, como el colectivo LGTBI y los trabajadores del campo, con una amplia lista de peticiones que incluyen la reforma de la Constitución y reducir el poder de los militares, que han tomado el poder en trece golpes de Estado desde el fin de la monarquía absoluta en 1932.
Sin embargo, la demanda más audaz es la reforma de la monarquía con el objetivo de minimizar su influencia política y la enmienda de la ley de lesa majestad, que impone penas de entre 3 y 15 años de cárcel a quien insulte o denigre a los miembros de la Casa Real.
En los últimos meses, los manifestantes también han pedido la dimisión del Gobierno, al que acusan de haber gestionado mal la pandemia y haber provocado un aumento de los contagios, que han superado los 1,19 millones en el país.
Aunque las protestas antigubernamentales son mayormente pacíficas, en las últimas semanas se han visto escenas de violencia en enfrentamientos con la policía.
EFE
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