ONU Derechos Humanos condenó este lunes el atentado contra Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ocurrido el domingo cuando viajaba, junto a un sobrino de esta, entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (suroeste).
«La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condena el atentado de ayer domingo en contra de Sigifredo Márquez» en la vía que comunica al municipio de Timba (Cauca) con el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), declaró la oficina en un comunicado.
El vehículo en el que viajaba Márquez, que iba con un sobrino de seis años de la vicepresidenta, fue impactado por cuatro disparos de arma de fuego, aunque no causó víctimas, según informaron las autoridades.
Por su parte, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, expresó su preocupación por «el nivel de violencia que vive la población en Colombia».
«El atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí (Valle del Cauca) que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de Policía de Suárez, y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital», así como otros combates en el departamento de Nariño, el reclutamiento de menores y el asesinato de líderes fueron las preocupaciones mencionadas por De Rivero.
La situación en el suroeste del país es crítica tras el incremento de la violencia a manos del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, que ha perpetrado varios ataques terroristas en los últimos dos meses contra instalaciones militares y de policía, que han dejado muertos y heridos.
Diálogos de paz
En este contexto, De Rivero instó al Estado colombiano a «trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos», mientras que urgió a los grupos armados a «respetar los derechos humanos de toda la población civil, incluidas mujeres, niñas, niños y adolescentes menores de 18 años».
«La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos considera que los diálogos de paz deben tener como objetivo la protección de la población civil, fortalecer la presencia integral del Estado, frenar la violencia y la expansión territorial de grupos armados no estatales, y lograr la garantía de los derechos humanos», agregó la información.
Actualmente, el Gobierno colombiano mantiene varios diálogos abiertos con grupos armados, aunque las negociaciones no atraviesan su mejor momento.
Con el Estado Mayor Central (EMC) instaló el año pasado una mesa de diálogo que en marzo tuvo un impasse después de que el grupo armado se escindiera y, en la actualidad, las estructuras del suroeste, las más beligerantes, ya no siguen en el proceso y, por el contrario, mantienen un pulso con el Estado tras incrementar su accionar violento. EFE
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