Colombia registró 52 masacres durante el primer semestre del 2023, un aumento del 11% frente al mismo periodo del año anterior, a pesar de las treguas que el gobierno ha pactado este año con varios grupos armados, según un balance presentado por Naciones Unidas este martes.
AFP
«En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales» dijo la Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, durante la presentación del informe sobre la situación humanitaria del país, en Bogotá.
Las masacres- definidas por la ONU como el asesinato de tres o más personas indefensas en un mismo lugar- dejaron 168 muertos durante el primer semestre del año, 19 de ellos menores de edad.
El presidente, Gustavo Petro, anunció la víspera de año nuevo un cese al fuego bilateral de seis meses con los cinco principales grupos armados que operan en el país.
La tregua fue rechazada pocos días después por la guerrilla del ELN, que retomó las hostilidades en enero y finalmente acordó un cese al fuego que empezó a regir el 3 de agosto, como parte de las negociaciones que adelanta con delegados del ejecutivo en Venezuela.
De otro lado, las violaciones a la tregua por parte del banda narco del Clan del Golfo y una facción disidente del pacto de paz que desarmó a las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC) llevaron al gobierno a suspender por completo la tregua con el primer grupo y a levantar el alto al fuego en cuatro regiones del sur del país con el segundo.
Como parte de su política de Paz Total, Petro, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia, busca desmantelar los grupos armados por medio del diálogo. Pero la oposición denuncia que los ilegales han aprovechado esta oferta para fortalecerse y atacar a la fuerza pública.
Cuatro policías murieron el fin de semana el suroeste del país en ataques atribuidos al EMC.
La ONU pidió al gobierno «hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad».
También valoró el hecho de que los asesinatos de defensores de derechos humanos hubieran caído 19% frente al semestre anterior. Sin embargo, los 46 casos registrados durante el primer semestre de 2023 son «intolerables», según De Rivero.
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