La 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este jueves, por consenso, una nueva resolución en la que insta a sus Estados miembros a «redoblar esfuerzos» para procurar el cese de la violación de derechos humanos y la recuperación de las instituciones democráticas en Nicaragua.
EFE
El documento insta a los países de la región a «redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica, ya sea política o religiosa, la recuperación de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Nicaragua.
La resolución sobre el ‘Seguimiento de la situación de Nicaragua’ propone propiciar un «diálogo constructivo» para que Nicaragua, gobernado por el sandinista Daniel Ortega desde 2007, acate sus obligaciones en materia de derechos humanos, en el marco del derecho internacional y el respeto al principio de no intervención.
Del mismo modo, hace un llamado al país centroamericano «a restituir el ejercicio de los derechos de las personas privadas», incluyendo a quienes se les ha retirado su nacionalidad.
También solicita la «inmediata e incondicional liberación de todas las personas que han sido privadas de libertad por razones políticas o religiosas», así como el respeto de todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El único país que colocó una ‘nota al pie’ en la resolución fue El Salvador, que reafirmó su posición de no interferencia ni injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
La OEA recordó que, pese a que Nicaragua se desligó que la Organización desde el 18 de noviembre de 2023, «continúa obligada por las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Richard Verma, afirmó este jueves en una rueda de prensa que el tratamiento de esta resolución demuestra que la OEA «no ha olvidado al pueblo de Nicaragua».
«Continuaremos denunciando lo que está haciendo el régimen, que está dañando a la gente y nosotros siempre vamos a defender los derechos de los nicaragüenses, y que cumplan con sus obligaciones interamericanas”, expresó el funcionario.
Nicaragua está sumida en una grave crisis política desde las protestas de 2018, que dejaron al menos 355 muertos a manos de las fuerzas estatales de seguridad, y más de 2.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria desde entonces, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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