Siete niños migrantes de Venezuela están detenidos e incomunicados en Trinidad y Tobago, denunciaron familiares en un caso que recrudeció la crisis por las embarcaciones ilegales que cruzan entre ambos países, una travesía que ha dejado más de un centenar de muertos y desaparecidos desde 2018.
Por Esteban Rojas / AFP / 24 Matins
Forman parte del grupo de 16 menores de edad a los que Trinidad y Tobago deportó en noviembre, junto a los 11 adultos que los acompañaban. Esa devolución a Venezuela no se llevó a cabo, sin embargo, y tras pasar horas en altamar, los migrantes fueron retornados al país insular por orden judicial.
Nueve de esos menores fueron liberados el 31 de diciembre, pero separados de sus madres, que permanecen detenidas en Trinidad y Tobago.
“Estamos tratando de que alguien se ponga la mano en el corazón (…). Suelten a nuestras nuestras familias. Ellos no han cometido ningún delito. ¡Ellos no son criminales, no son asesinos!”, dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros uno de los denunciantes, que pidieron reservar su identidad declarándose víctimas de “persecución” por parte de agentes migratorios.
Once adultos, nueve mujeres y dos hombres, permanecen bajo custodia de las autoridades junto a los menores en el helipuerto de Chaguaramas, 13 km al oeste de Puerto España.
Estos 27 migrantes -los 16 menores y los 11 adultos- obtuvieron un indulto de un juez, que ordenó detener la expatriación y dictaminó que los menores fuesen puestos en libertad bajo la custodia de sus padres una vez cumplieran cuarentena por covid-19.
“No se les permite visita y no tienen acceso a una llamada telefónica”, comentó la abogada especialista en derechos humanos Karla Henríquez, que les presta apoyo a estos migrantes. “Tienen una medida cautelar de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No se ha cumplido”.
Aislados
Las condiciones de reclusión son pobres, alertan los familiares.
Cuando los migrantes retornaron a Trinidad y Tobago tras su expulsión, se difundieron vídeos en las redes sociales en los que se veía a los niños y a sus madres recostados tras barrotes sobre delgadas colchonetas en el piso.
“No tienen una buena alimentación, los niños ya se han enfermado en varias ocasiones, no nos dejan pasarles medicamentos o alimentos”, expresó un allegado.
“Mis hijos salieron con diarrea (…). La comida que les daban era repugnante”, cuenta otro.
La mayoría de los viajeros provenía de Delta Amacuro, una apartada y empobrecida región del este de Venezuela con población mayoritariamente indígena.
Hay temor de hablar. Acusan a agentes policiales de allanamientos ilegales y actos de extorsión, entre otros delitos, contra migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago.
Separación
Puerto España ha defendido su decisión de deportar a venezolanos, y a finales de noviembre dio una señal clara al expulsar a 160.
El primer ministro, Keith Rowley, dijo que el país de 1,3 millones de habitantes se encuentra bajo “asalto” de mafias de tráfico humano que “usan niños inocentes”; una acusación rechazada por los familiares.
“¿Dónde están las pruebas?”, dijo uno.
Los menores liberados y entregados a sus padres, por su parte, echan en falta a sus madres: “Mis hijos todos los días se levantan tristes, preguntando por su mamá”, cuenta uno de los padres.
La ONU estima en más de cinco millones el éxodo de venezolanos desde 2015 por la aguda crisis de su país, 24.000 con Trinidad y Tobago como destino.
Se han reportado numerosos naufragios de botes clandestinos en el peligroso viaje por mar entre ambos países, situados a unos 100 km de distancia. Una embarcación que salió el pasado 6 de diciembre de Güiria (estado Sucre) se hundió con un saldo oficial de 29 fallecidos.
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