Un grupo de miembros del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (Movitierra) exigió este jueves 5 de septiembre, a diputados de la Asamblea Legislativa «transparencia» en la elección de la persona que encabezará la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para el período 2019-2022.
EFE
Parlamentarios de la Comisión Política del Congreso evalúan los perfiles de 24 aspirantes a dirigir la PDDH, entre estos la actual ombudsman, Raquel Caballero, quien busca la reelección.
Por lo anterior, los integrantes de Movitierra llegaron este día al Congreso para exigir a dichos diputados que se elija a la persona «idónea e independiente» y sin «ataduras políticas, de sectores privados y del Gobierno».
«Pedimos a la Asamblea Legislativa que el proceso para elegir a la persona que estará al frente de la procuraduría sea transparente y que no responda a grupos de poder político, económico y fáctico», indicaron en un comunicado que fue leído a periodistas.
Maritza López, coordinadora de Movitierra, señaló a Efe que la actual procuradora «nunca ha mostrado interés de apoyar a las mayorías, lo que nos ha llevado a no sentirnos identificada con ella y a exigir un cambio de procurador».
«Exigimos que se elija a una persona idónea. A un representante correcto, valiente, que de la cara por el pueblo y que su actuar sea honesto», subrayó.
La organización también rechazó la intención de la actual procuradora de continuar en el cargo, ya que «ha mostrado indiferencia e inactividad en la protección de los derechos humanos».
Movitierra es una entidad que aglutina a 90 comunidades de las zonas central y occidental del país centroamericano que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Según el órgano Legislativo, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa analiza la idoneidad de los aspirantes hasta alcanzar el consenso requerido para emitir un dictamen favorable y hacer posible la elección del funcionario, cuya gestión debe iniciar el 21 de septiembre.
El perfil de la actual procuradora es uno de los que es analizado Caballero presentó su solicitud ante el Congreso el pasado 19 de julio con aspiraciones de continuar en el cargo.
Sin embargo, la gestión de la procuradora ha sido criticada por diversos sectores por su «ausencia» en «temas cruciales» que afectan, principalmente, a la población en condición de vulnerabilidad, como la comunidad LGTBI.
Caballero fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que le impuso una multa de más de mil dólares por la violación a la prohibición ética de favorecer a familiares en las contrataciones.
De acuerdo con la información de diversos medios locales, la actual ombudsman ascendió en octubre de 2016 a la hija de su cónyuge, su hijastra, a la plaza de asistente técnico.
