Cuando se cumplen siete años de la proclamación de Felipe VI, el Rey encara una de las etapas más complicadas para la institución monárquica. A las polémicas que rodean a Don Juan Carlos, se suma la ofensiva parlamentaria de los socios de Pedro Sánchez dentro y fuera del Gobierno, que se recrudeció a raíz de que el emérito abandonara España el pasado mes de agosto y se ha ido acrecentando a golpe de informaciones en los medios y regularizaciones tributarias ante Hacienda. En este ámbito, la Casa Real cuenta con el Gobierno como aliado, aunque desde Moncloa se intentó despachar la responsabilidad de la gestión de este asunto hacia Zarzuela, las dudas sembradas sobre la actuación de la Agencia Tributaria y del Ministerio que dirige María Jesús Montero han puesto también al Ejecutivo en el punto de mira.
Desde Hacienda aseguran que “están trabajando” y no presuponen ningún resultado en las investigaciones, pues advierten que para que evitar el delito fiscal, las regularizaciones de Don Juan Carlos deben ser “completas y veraces”. Todas las partes implicadas -Zarzuela, Gobierno y el equipo legal que defiende los intereses de Don Juan Carlos- están interesadas en que no se produzca un cierre en falso, es decir, que después de que produzca un pronunciamiento nuevas interesadas filtraciones provoquen nuevas investigaciones que eternicen este asunto. Por eso “no está quedando piedra sin levantar”, como confesaban a este diario fuentes conocedoras de la marcha de estas indagaciones que, por descontado, están contando con toda la cooperación de los abogados del padre del Rey.
Que este horizonte judicial del emérito se despeje es clave para activar dos cuestiones: su eventual vuelta a España y la puesta en marcha de la nueva “hoja de ruta” de Zarzuela para actualizar sus “normas internas” en un sentido de “ejemplaridad y transparencia”. Una renovación, con la que Felipe VI quiere dar carpetazo a un círculo vicioso de atención mediática que, aprovechado por extrema izquierda e independentistas, erosiona la imagen de la Corona. Según publicó LA RAZÓN esta semana, los trabajos están muy avanzados y se han confeccionado a iniciativa de Zarzuela, con el apoyo de Moncloa y con el conocimiento de un prestigioso jurista de la órbita del PP, para que también la principal fuerza de la oposición forme parte de la toma de decisiones.
Sin embargo, para que se activen, habrá que esperar, en primer término, a que la Fiscalía del Supremo emita su veredicto sobre las irregularidades de Don Juan Carlos con Hacienda. En Moncloa asumen que Don Juan Carlos “quiere volver a España”, pero entienden que “las circunstancias que motivaron su salida el año pasado no solo no han desaparecido, sino que se han agravado” y hay que esperar a que se resuelva este escenario. En todo caso, la postura del Ejecutivo es de defensa cerrada de la institución, negándose incluso a la retirada del título de rey honorífico, que recibió el monarca tras abdicar, a pesar de la presión de los partidos de la oposición en este sentido y de sus propios socios del Gobierno.
Podemos, al margen
En este asunto se ha producido una importante brecha dentro de la coalición. La “operación salida” del emérito de España se gestó de manera muy discreta entre Zarzuela y el círculo más cercano a Sánchez en Moncloa y los socios de Podemos conocieron la información cuando ya se había producido. Esto produjo un profundo malestar y la percepción de que el socio minoritario quedaba al margen de las decisiones más trascendentes del Ejecutivo y utilizó esta cuestión para desgastar internamente al Gabinete y marcar perfil, electoralmente diferenciado, respecto al PSOE. Por su parte, en Moncloa aseguran que “están trabajando para que 42 años después de la llegada de la democracia a nuestro país, la Corona se adecúe a estándares éticos más exigentes”.
Conciben las futuras reformas que se van a implementar, y que no se articularán en forma de una nueva Ley de la Corona, sino que cristalizarán en las “normas internas” de Zarzuela, como la herramienta para “dotar a la institución de mayores niveles de transparencia, una modernización en su funcionamiento y el establecimiento de medidas de rendición de cuentas”. Desde el Gobierno recuerdan, que este paso decidido por la ejemplaridad se debe “al deseo tanto del Gobierno como del jefe del Estado”, que redundará en el “fortalecimiento de la institución como pieza clave de nuestro sistema constitucional”.
No hay que olvidar que hace siete años, cuando Don Juan Carlos decidió dar un paso a un lado en favor de su hijo, la operación de Estado se gestó con la inestimable ayuda del entonces líder del PSOE, principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. El secretario general socialista había anunciado ya su dimisión, tras la debacle de los socialistas en las elecciones europeas de 2014, pero permaneció en el cargo para pilotar esta sucesión en la Corona al frente del Partido Socialista, una formación de marcado espíritu republicano, para evitar cualquier polémica o desestabilización.
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