La Iglesia católica de Latinoamérica ya es la protagonista de la “tercera oleada” de casos de abusos de menores, tras la primera que se desató en 2002 en Estados Unidos, y la que siguió en Europa y Oceanía. Esa es la conclusión de la ONG británica Child Rights International Network (CRIN), de referencia en la defensa de los derechos de los niños, en un informe de 70 páginas que hará público hoy, consultable en su página www.crin.org.
Es el primer estudio global del fenómeno en los 18 países de habla hispana del continente, más Brasil, que radiografía la situación en número de casos, legislación y respuesta de las instituciones. “El resultado más evidente es establecer la realidad de la escasez de datos, crear un punto de partida para que la Iglesia y los Gobiernos empiecen a investigarlo. Sigue siendo un tabú, ha habido menos cobertura de los medios y falta una conversación pública sobre el tema”, resume Víctor Sande-Aneiros, uno de los investigadores.
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Cuatro países son la punta de lanza en la ruptura del silencio: México (al menos 550 denuncias), Chile (243), Argentina (129) y Colombia (137). Entre los cuatro suman más de un millar de denuncias. Por el contrario, hay otros donde el problema oficialmente aún no existe, como Cuba, Ecuador, Honduras, y el más llamativo, Brasil, el mayor país católico de la región. En este caso concreto, no obstante, existe una referencia en la que nunca se ha profundizado: según recuerda el estudio, un informe interno del Vaticano en 2005 calculaba que uno de cada diez sacerdotes brasileños estaba implicado en casos de abusos, es decir, 1.700 curas. El informe explica que en estos países los medios no han emprendido aún trabajos serios de investigación, que suele ser el primer paso para que los abusos salgan a la luz.
“La lección que hemos aprendido de los países de todo el mundo es que un largo silencio puede presagiar los mayores escándalos de abusos. La oleada de revelaciones en América Latina sigue creciendo y se espera que los grupos de sobrevivientes en países como Argentina y Chile inspiren a los de otros países de la región para alzar la voz”, explica el estudio. La ecuatoriana Sara Oviedo, exvicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y relatora de la Santa Sede en enero del 2014, opina que este informe “es un esfuerzo significativo para los activistas de toda América Latina, por su información sistematizada y por sus recomendaciones sirve para la estrategia que se está organizando para lograr que la Iglesia Católica entregue a la justicia a los abusadores sexuales”.
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En 2014 CRIN publicó otra investigación sobre abusos en la Iglesia a nivel mundial, y ya determinó que América Latina era una de las principales regiones a las que eran enviados los sacerdotes acusados de agresiones desde Norteamérica y Europa. “Además el número de denuncias era muy bajo en comparación con otros países con poblaciones católicas mucho más pequeñas, entonces quisimos centrarnos en una región donde todavía no se había producido un destape de revelaciones”, explica.
La primera constatación es el secretismo y la falta de transparencia que aún impera. Argentina, donde empezaron las denuncias en 2017, y Chile, en 2018, son los países de referencia. También, junto con México, es donde las víctimas se han organizado mejor y son más activas.En algunos casos se han incorporado a la red internacional Ending Clerical Abuse (ECA), la organización internacional de denuncia de estos abusos. Chile es el primer país de América Latina donde se ha pedido una comisión de investigación independiente, siguiendo el modelo de Australia y Irlanda.
En Argentina hay ahora mismo dos curas que están siendo juzgados, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados de abusar de casi una treintena de menores de edad sordos en el instituto Próvolo de Mendoza. Este caso, uno de los más graves conocidos hasta ahora, ha aumentado la visibilización del problema, pero no ha traído cambios significativos en la Iglesia católica, según la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. “La Iglesia aparenta preocupación por las víctimas y dictaron protocolos de actuación y documentos, pero son medidas que responden al solo objetivo de seguir blindando la institución”, subraya Carlos Lombardi, abogado de la Red, que lleva 40 casos. Aún así, a raíz de condenas como la de los padres Justo José Ilarraz y Juan Escobar Gaviria, sentenciados a 25 años de cárcel en 2018, cada vez son más las víctimas que se atreven a hablar y suelen tardan menos tiempo en denunciar, según Lombardi. Asegura que “la justicia está dando respuestas”.
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En otros países, como México, Guatemala (12 curas acusados) y Uruguay (44 denuncias que implican a 40 sacerdotes) ha sido la propia Iglesia quien ha dado datos, “pero oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles”, señala el informe. En respuesta, los jueces de algunos países, como Chile, han ordenado redadas policiales en oficinas eclesiásticas para acceder a documentos que pudieran servir como pruebas en procesos judiciales.
En México, la Iglesia inició el año con una sacudida al hacerse pública una nueva denuncia contra un legionario de Cristo acusado de abusar de al menos ocho niños. Esto forzó a la institución a tener algunos gestos, como revelar que 157 sacerdotes han sido suspendidos en los últimos nueve años y 101, procesados ante la justicia eclesiástica. “A la Iglesia le interesa mucho cuidar su imagen. El Episcopado saca un número, pero no se sabe nada de ellos, no son localizables”, reclama el exsacerdote Alberto Athié, referente en la lucha contra la pederastia clerical en su país.
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Otro de los gestos fue crear una comisión para investigar los abusos, pero el grupo fue compuesto por “miembros incondicionales a la iglesia”, denuncia Athié. “Aún hay mucho por hacer”, señala tras reconocer que la visibilización del problema ha mejorado, aunque asegura que es necesario “romper el pacto” de la Iglesia con las autoridades civiles “que no quieren dañar el equilibrio entre poderes”. “Hay que reconstruir la verdad histórica de cada uno de los casos y llevarlos a la justicia. Es una cosa increíblemente difícil en México”. El informe de CRIN subraya que es necesario poner en marcha órganos de investigación independientes, y pone énfasis en recordar que precisamente en Latinoamérica ya ha habido experiencias de entidades de este tipo en comisiones de la verdad para indagar en violaciones de derechos humanos en periodos de dictadura.
Pero queda mucho trabajo por hacer. La ONG BishopAccountability.org explica en el informe que los factores que han llevado a una difusión significativa del escándalo en otras partes del mundo, como las denuncias masivas de víctimas, la investigación por parte de la Fiscalía o comisiones gubernamentales, aún no se han puesto en marcha en América Latina.
En Colombia, el periodista Juan Pablo Barrientos, autor del reciente libro Dejad que los niños vengan a mí asegura que las cifras de casos de pederastia en este país son mayores que las oficiales. “El cardenal Rubén Salazar dijo el 11 de marzo de 2019 que son más de cien los casos de sacerdotes pederastas y abusadores en todo el país; la Fiscalía General dice que solo tiene 57 denuncias, pero mi investigación, basada en decenas de denuncias a las que he tenido acceso y después de entender la figura del Archivo Secreto y las dinámicas del derecho canónico, contradice esos números”, escribe en su libro, que han intentado censurar en varias ciudades como Medellín. El periodista ha solicitado con acciones legales el acceso al Archivo Secreto, donde las archidiócesis custodian documentos sobre los sacerdotes bajo su jurisdicción, pero se lo han negado. La Iglesia en Colombia se ampara en dos artículos del Concordato firmado entre este país y la Santa Sede, que separan la legislación canónica de la civil. Sin embargo, remarca Barrientos, “estamos hablando de crímenes, no de pecados”.
El informe de CRIN enumera las principales tácticas de encubrimiento que está usando la Iglesia: trasladar al acusado, culpar a las víctimas y a sus familias, y pagos secretos por su silencio. También se recurre a la manipulación psicológica, como en un caso en la archidiócesis de Cali, en Colombia, en el que una psicóloga nombrada por la Iglesia había entrevistado a los niños y los había amenazado para que no siguieran adelante con su denuncia, diciéndoles que era un ataque contra la Iglesia, que irían al infierno y que perderían el juicio y acabarían en la cárcel. En Ecuador, una psicóloga asignada por la Arquidiócesis de Cuenca le exigió a una víctima de abusos que pidiera perdón al sacerdote César Cordero, acusado de violarlo durante su infancia.
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Mención aparte merecen los intentos de acallar a la prensa, como el que ha padecido el libro de Barrientos en Colombia. El dossier menciona el caso del periódico paraguayo La Nación, que en 2016 comenzó a publicar una serie de reportajes sobre cinco sacerdotes católicos de Argentina trasladados a ese país. Pero la serie se interrumpió después de cuatro días. Más tarde salió a la luz que el nuncio del Vaticano en el país, Eliseo Ariotti, había presionado a los dueños del periódico. Tras esta denuncia, el diario retomó la publicación y ganó un premio periodístico de derechos humanos.
En Perú también han tenido mucha repercusión las acciones del Arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselm, contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. En 2015 publicaron Mitad monjes, mitad soldados, un libro sobre abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica. En abril de 2019, el arzobispo retiró las querellas contra ambos periodistas, sin embargo Salinas ya había sido condenado y sentenciado a una pena de prisión de un año y una multa considerable. Ugaz ahora se enfrenta a otro juicio, que la Asociación Nacional de Periodistas de Perú ha calificado como “hostigamiento fiscal y judicial”.
En cuanto a la respuesta en el plano legislativo, ha habido una reacción positiva con la derogación de la prescripción en seis países: Nicaragua, México, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. Solo en unos pocos hay obligatoriedad de denuncia y, en el caso opuesto más extremo, en Cuba existe la normativa más restrictiva: únicamente puede denunciar un delito sexual la víctima, su cónyuge, progenitores, hermanos, representante legal o persona que la tenga bajo su cuidado. El caso más asombroso se da en Venezuela y algunos estados de México, donde no es posible acusar a alguien de varios delitos sexuales si contrae matrimonio con la víctima.
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