Unos 68.000 presuntos delincuentes acusados de delitos como homicidio, secuestro, violación y narcotráfico podrían ser liberados si la Suprema Corte de México aprueba eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, alertó este martes el gobierno.
AFP
La prisión preventiva de oficio permite encarcelar a una persona inculpada sin un juicio o sentencia mientras se desarrolla su proceso legal.
Esta medida cautelar, cuyos alcances se establecen en el artículo 19 de la Constitución mexicana, ha sido una de las herramientas con las que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado combatir los altos niveles de impunidad en el país, pese a sentencias en contra de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y críticas de defensores de esta causa.
«La [Suprema] Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país», dijo la secretaria de Gobernación (Interior), Luisa Alcalde, durante la conferencia matinal del mandatario.
La funcionaria recordó que la prisión preventiva oficiosa se aplica a delitos que «por su gravedad son de alto impacto para la sociedad» y por ello la eventual liberación de sus perpetradores, muchos de ellos miembros del crimen organizado, «pondría en riesgo a los testigos y a las víctimas» que los denunciaron.
La iniciativa del máximo tribunal mexicano responde a una sentencia de la Corte IDH del año pasado que condenó a México por violar la integridad, la libertad y las garantías judiciales de dos ciudadanos que permanecieron más de 17 años en prisión preventiva sin sentencia judicial.
En dicha resolución, la Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva contraría la Convención Americana de Derechos, al tiempo que pidió a México adecuar su ordenamiento jurídico sobre este asunto.
Alcalde acusó a la Suprema Corte de tomar este veredicto para interpretarlo y ordenar «unilateralmente» cómo México debe cumplirlo «sin que se tome en cuenta a otras instituciones» como el Congreso.
Señaló, asimismo, a los jueces como principales responsables del abultado número de personas en prisión preventiva. «Es tan alto precisamente» por «la enorme tardanza de los propios jueces» para procesar a los presuntos delincuentes, alegó Alcalde.
La funcionaria consideró además que la decisión de eliminar la prisión preventiva «vulnera la soberanía nacional» pues, según argumentó, «ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución».
«Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia», advirtió Alcalde.
Un 40% de los casi 227.000 presos contabilizados en México están en prisión preventiva, según datos de la ONU de 2022.
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