La misión diplomática enviada por la Unión Europea a Caracas ha levantado ampollas dentro y fuera de Venezuela. El objetivo de esta visita sería acercar posturas con el Gobierno de Nicolás Maduro para retrasar las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre y buscar el compromiso por parte del régimen chavista de que cumplirá una serie de condiciones para que los comicios puedan ser transparentes, justos y democráticos. Si no se dan esos requisitos, la UE ha dicho que no enviará observadores.
Fuentes conocedoras del viaje han explicado a LA RAZÓN que la decisión de enviar esta misión fue tomada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de recibir este lunes dos llamadas del ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, y del opositor Henrique Capriles, quien rompió la unidad de acción del bloque antichavista hace unas semanas al pactar con Maduro la liberación de más de cien presos políticos al margen del Gobierno interino de Juan Guaidó. Tanto Arreaza como Capriles habrían pedido a Borrell que siguiera intentando un acercamiento con el Gobierno de Maduro.
Otra versión dada por otra fuente desde Caracas indicó que el envío de esta misión, formada por dos personas del equipo de Borrell, forma parte del mandato que el Grupo de Contacto Internacional (integrado por la UE y países latinoamericanos para buscar una salida negociada a la crisis venezolana) le dio a Borrell para explorar con el Gobierno de Venezuela un retraso de las elecciones. De momento, el Alto Representante Exterior de la UE considera que «no se cumplen las condiciones, pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad”.
Opositores venezolanos como Antonio Ledezma y el presidente de Grupo Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, se han mostrado muy críticos con el envío de diplomáticos de la UE a Caracas. Weber ha tachado de “inaceptable” el envío de una misión “clandestina”, que, a su juicio, solo legitima la “dictadura” de Maduro. Ledezma, por su parte, se pregunta si el propósito de Borrell es confirmar que “Maduro tiene montado un megafraude”. Por su parte, el europarlamentario Leopoldo López Gil dijo en Twitter que Borrell «debe dar explicaciones y aclarar qué se puede pactar con la dictadura de Maduro, acusado por un reciente informe de la ONU de delitos de lesa humanidad.
La postura de la oposición contra cualquier intento de diálogo con el Gobierno se ha vuelto aún más firme después del documento de la Misión Internacional para la Determinación de Hechos en Venezuela de la ONU, hecho público la semana pasada, en el que se señala a Maduro, Diosdado Cabello y varios de sus ministros de estar vinculados a ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos degradantes a cientos de venezolanos.
El sector mayoritario de la oposición venezolana considera que los contactos de Maduro con la UE son una maniobra que pretende ganar tiempo para seguir dividiendo al bloque antichavista.
La misión de la Unión Europea se reunirá con miembros del Ejecutivo venezolano y con sectores disidentes de la oposición, pero algunas fuentes han asegurado que no está previsto un encuentro con Juan Guaidó, reconocido por sesenta países como el presidente legítimo de Venezuela. Desde Bruselas se le quería dar a esta misión un carácter confidencial, pero anoche ya se había difundido en las redes sociales la existencia del viaje.
Dentro del régimen chavista existen diferentes posturas sobre los comicios parlamentarios. Hay figuras, como la de Diosdado Cabello, que no están dispuestos a retrasar la cita con las urnas porque supondría claudicar ante la presión internacional, mientras que otros altos cargos creen que un hipotético apoyo de la UE a la convocatoria electoral daría al Gobierno mayor legitimidad.
Borrell ha recordado que la participación de observadores europeos necesita de “cinco o seis meses” de preparación. Por otro lado, sectores opositores dudan de que Maduro esté interesado, como dice, en contar con la presencia de observadores europeos, cuyos estrictos estándares de trabajo pondrían de manifiesto cualquier irregularidad detectada antes o durante la jornada electoral.
Actualmente la Asamblea Nacional está controlada por la oposición tras su rotunda victoria en 2015. Sin embargo, el régimen ha bloqueado la actividad parlamentaria impidiendo así la aprobación de leyes en los últimos cuatro años. En un intento de neutralizar el poder opositor al frente del legislativo, el Gobierno creó una Asamblea Nacional Constituyente que no fue reconocida por la comunidad internacional.
Maduro quiere recuperar la mayoría en la Asamblea Nacional porque, entre otros motivos, cree que así podrá acabar con la figura de Guaidó, que no solo es el presidente interino del país sino también el presidente del Parlamento. Su presidencia y su gobierno carecen de funciones ejecutivas dentro de Venezuela pero tiene repercusiones económicas en el extranjero. En Estados Unidos, por ejemplo, el Gobierno de Donald Trump anunció en 2019 que congelaría 7.000 millones de dólares activos venezolanos en el país, en referencia a Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, porque no reconoce a Maduro como presidente. Citgo posee tres refinerías en Estados Unidos, una red nacional de oleoductos y más de 5.000 gasolineras en la costa este.
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