Tres presidentes en activo y 11 retirados, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central; una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica ha hecho uso a lo largo de los años de paraísos fiscales. Pese a habitar la región más desigual del planeta, esta élite ha empleado una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una parte sustanciosa de sus bienes. Todo un entramado que ahora, con la publicación de los Papeles de Pandora, sale a la luz. La filtración, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), se basa en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore. Esta masa de información ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas en el que ha participado EL PAÍS, junto con The Washington Post, The Guardian, la BBC y numerosos medios de todo el mundo.
Por JAN MARTÍNEZ AHRENS –JAVIER LAFUENTE– EL PAÍS
Los resultados, de impacto mundial, cobran especial relevancia en Latinoamérica, donde cada año se le escapan al fisco unos 40.000 millones de dólares (35.000 millones de euros) desviados a paraísos fiscales. Como irán publicando en los próximos días este periódico y los otros medios que han participado en esta iniciativa, de los 35 presidentes o expresidentes que figuran en los documentos, 14 pertenecen a esta región. La mayoría son de corte conservador. Entre ellos destacan tres jefes de Estado en activo y que tienen en común haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. También emergen 11 exmandatarios, como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes o los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerolíneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa entre sus operaciones offshore un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares (12 millones de euros) y otra en las islas Vírgenes por 138 millones de dólares (118 millones de euros). El monto debía satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. La decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.
Otro presidente salpicado por los Papeles de Pandora y que ha sido empresario de éxito, pero esta vez en el sector hotelero, es el dominicano Luis Abinader. Los documentos muestran su vinculación con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA. Ambas fueron creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en República Dominicana. La investigación de El Informe con Alicia Ortega de Noticias Sin apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente “al portador”, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías. Abinader, según estas pesquisas, se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños.
Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo. Tanto él como Piñera recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panamá, el mismo del que es clienta la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades offshore a las que la Hacienda española ha seguido el rastro durante años.
El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un exbanquero conservador y millonario que en abril pasado logró la presidencia ecuatoriana. El mandatario, según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales. En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. También sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.
Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa la filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina. Alcogal creó la mayoría de las 78 compañías que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros) procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigación de Armando.info, está una parte importante de la jerarquía chavista.
En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones que afectan a este tipo de inversiones. Este posible conflicto de intereses afecta especialmente al ministro de Economía, quien lidera un proyecto de reforma fiscal que, en su versión actual, reduce la presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.
Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades más polémicas del gigante sudamericano por sus conexiones con la élite financiera, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes. El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades “fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group”. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, indica la nota.
Siga leyendo en EL PAÍS
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
