Los papeles de Pandora, la filtración de millones de documentos sobre sociedades extraterritoriales, provocó este lunes el rechazo del gremio de abogados y duras críticas de un ex jefe de la oficina tributaria de Panamá, de donde es el bufete de abogados que resalta en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz, dijo este lunes que este gremio no puede permitir «que se satanice los servicios legales prestados» por las firmas del país, y censuró «el carácter ilícito» con el que «las comunicaciones de abogados y clientes son ventiladas a través de los medios de comunicación y que pretenden suplantar los canales institucionales».
En una conferencia de prensa, Araúz defendió que las sociedades anónimas «son servicios legítimos que desde Panamá han auxiliado al comercio mundial», y apuntó que esta nación «no es herramienta de fiscalización de ningún país pero tampoco es participe de ninguna conducta irregular».
El bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) es uno de los principales protagonistas de los papeles de Pandora. Según el ICIJ, de este proceden «más de dos millones» del total de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales acopiados en el informe.
«En total, casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen» en los papeles de Pandora «estaban vinculados a Alcogal», que «actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros», dijo el ICIJ.
Alcogal calificó el domingo como «conjeturas, imprecisiones y falsedades» el informe del ICIJ, al punto de que «en algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron clientes» suyos, y defendió que por 35 años ha «estado sujeto a supervisiones de entes reguladores en distintas jurisdicciones con resultados intachables».
DURA CRÍTICA
Publio Cortés, quien fuera jefe de la oficina tributaria panameña durante el Gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), denunció en un escrito público que «un sector influyente y con conflicto de interés de la élite de Panamá» ha tenido «éxito dilatando el inevitable cumplimento de los estándares internacionales de transparencia fiscal y lucha contra el lavado de dinero» en el país.
Ese «conflicto de Panamá con la comunidad internacional, el cual lleva aproximadamente más de dos décadas (está) produciendo un daño muy grave a la reputación y a la marca-país», opinó Cortés, abogado especialista en materia tributaria.
«¿Puede tener algún tipo de lógica que nuestro pequeño Panamá le ‘declare la guerra’ al G-20 (…) dejando el prestigio del país por el piso, para defender el negocio de la opacidad corporativa (NOC), cuyo aporte al PIB de Panamá es menor del 1 %, según cifras oficiales basadas en sus propias declaraciones de renta?», expresó el ex jefe de la oficina panameña recaudadora de impuesto.
Panamá está incluida en varias listas internacionales de países con deficiencias en el combate al blanqueo, a pesar de los esfuerzos del país para mejorar su andamiaje fiscal.
LA FISCALÍA OFRECE «COOPERACIÓN PENAL» A OTROS PAÍSES
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó este lunes que está «analizando» el contenido de los papeles de Pandora «para verificar si existe fundamento para el inicio de una investigación penal».
La Fiscalía panameña agregó que «ofrecerá la cooperación penal internacional requerida por otros Estados y jurisdicciones mencionadas, para combatir eficazmente toda forma de comisión de delitos».
Ya el domingo el Gobierno de Panamá dijo que se supervisará a los entes y sujetos mencionados en los Papeles de Pandora, y aseguró que trabaja decidido «a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país».
Panamá aún sufre el daño a su reputación por los papeles de Panamá, investigación pionera del ICIJ.
Esta filtración de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca en abril de 2016 reveló que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de ese bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.
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