Brasil también conmemora hoy el Día Mundial del Refugiado, establecido en 2001 con motivo del 50 aniversario de la Convención de Ginebra, que consagró por primera vez los derechos de los migrantes forzosos y las obligaciones jurídicas de los Estados de protegerlos. Según datos recogidos por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sólo en 2023 Brasil analizó 138.359 solicitudes de asilo, un número un 235% superior al de 2022. De los procesos analizados el año pasado, 77.193 fueron reconocidos como refugiados, migrantes en su mayoría de Venezuela (58.000), seguidos de cubanos (11.000) y casi 4.000 de Angola. La mayoría de ellos son hombres (51,7%), mientras que las mujeres representan el 47,6%. Siguiendo una tendencia desafortunadamente global, los datos brasileños también registran un grupo significativo de niños y adolescentes, ya que la mayoría de los refugiados reconocidos en Brasil en 2023 tienen menos de 15 años. En total, según los datos más recientes referidos al año pasado, hay 143.033 refugiados en Brasil, es decir, un 117 % más que en 2022.
Por Infobae
“Históricamente, Brasil nunca recibió grandes contingentes de personas en situación de migración forzada”, explica a Infobae Marcelo Haydu, director del Instituto Adus, que se ocupa de la integración de los refugiados en la sociedad brasileña. “Hasta 2012, Brasil recibía un promedio de 1.500 personas por año en busca de refugio. Ese número comenzó a crecer a partir de 2013, con la llegada de sirios y haitianos, principalmente. El mayor salto ocurrió a partir de 2017, debido a la crisis en Venezuela. Brasil sigue recibiendo una gran diversidad de personas de diferentes nacionalidades, solo en 2023 había más de 100 diferentes. Sin embargo, el alto número de personas reconocidas como refugiadas en el país es un reflejo de la migración de venezolanos durante estos últimos años”, dijo Haydu a Infobae.
Nada más asumir el cargo, el gobierno Lula anunció la adhesión de Brasil al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un acuerdo no vinculante negociado por los gobiernos de los 193 Estados miembros de la ONU que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos de los migrantes a través de la gobernanza de los flujos migratorios y el reparto de responsabilidades. El informe del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, titulado “Tendencias mundiales de los desplazamientos forzosos en 2023″, publicado recientemente, destaca el papel positivo no sólo de Brasil, sino de América en general, en la reubicación de refugiados. Estados Unidos encabeza la lista con el mayor número de refugiados reconocidos a nivel mundial en 2023, con 75.100 personas, seguido de Canadá con casi 51.100. En las Americas siguen Brasil, Colombia, Ecuador y Perú que en 2023 albergaban a la mayoría de los refugiados y migrantes procedentes de Venezuela.
Sin embargo, no faltan las dificultades. La mayoría de las solicitudes de refugio de los venezolanos proceden del estado de Roraima, en el norte del país, donde el intenso flujo de migrantes del país vecino ha creado tensiones en el pasado. Y también corre el riesgo de crear otras de cara a las elecciones municipales de este año, previstas para el próximo mes de octubre. En las de 2020, la cuestión migratoria ha sido caballo de batalla de varios candidatos conservadores en Roraima con eslóganes xenófobos como “los venezolanos no tendrán privilegios”. En agosto de 2018, en plena campaña para las elecciones presidenciales, en la ciudad de Pacaraima hubo incluso ataques violentos contra los migrantes venezolanos y sus campamentos fueron incendiados. Precisamente en el estado de Roraima en las elecciones presidenciales de 2022, el ex presidente Jair Bolsonaro ganó 14 de los 15 municipios, mientras que Lula solo salió vencedor en la localidad de Uraimutã, donde se concentra el mayor número de indígenas de Roraima. Desde 2017, cuando el gobierno brasileño comenzó a monitorear el flujo migratorio, 1.028.634 venezolanos ingresaron al país. De ellos, el 53% se ha quedado, a pesar de los numerosos obstáculos.
En general, como explica a Infobae el director del Instituto Adus, Marcelo Haydu, “las principales dificultades son la falta de vivienda, el acceso a la enseñanza del portugués y encontrar trabajo. A largo plazo, tener ingresos es una dificultad que acompaña a la persona en situación de refugio. Generalmente, los empleos disponibles para estas personas no tienen salarios adecuados al coste de la vida en Brasil. Por este motivo Adus lleva a cabo un trabajo de inclusión de refugiados y solicitantes de asilo basado en la enseñanza de la lengua portuguesa para que puedan integrarse mejor en la sociedad. Adus también trabaja por la inserción socioeconómica de estas personas, articulando, sensibilizando y formando a empresas y organizaciones con el objetivo de integrar a los refugiados en el mundo laboral”, explicó Haydu a Infobae.
Las criticidades no faltan. Desde hace tiempo es difícil la situación en el principal aeropuerto del país, Guarulhos, en San Pablo, donde el año pasado durante meses estacionaron allí a grupos de afganos que buscaban refugio. La situación llegó a ser tan grave para los migrantes que incluso se descubrieron casos de sarna. Luego fue el turno de un numeroso grupo de ciudadanos vietnamitas y la semana pasada de migrantes procedentes en su mayoría de India y Nepal. El Ministerio Público Federal que emitió la alerta describió la situación en el aeropuerto como “una nueva crisis humanitaria” debida en parte a un fallo temporal en el Sistema Nacional de Procesamiento de Solicitudes de Refugio, el Sisconare.
Además, Brasil ha suspendido el programa de visados humanitarios para los afganos que huyen del régimen talibán desde septiembre de 2023, “hasta que el gobierno brasileño tome una nueva decisión”, reza un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Itamaraty. Los problemas se registraron ante la embajada brasileña en Teherán (Irán), que emitió un duro comunicado para los solicitantes de refugio afganos. “La aglomeración de afganos frente a la Embajada continúa, perturbando nuestro trabajo y la tranquilidad de nuestros vecinos, dando la oportunidad a personas deshonestas de engañarlos con informaciones falsas, promesas que nunca serán cumplidas, y de extorsionarlos”, reza el comunicado cuya parte final causó perplejidad. “Si ustedes, afganos, no leen nuestros mensajes y no muestran ninguna intención de respetar nuestras instrucciones, están demostrando que no reúnen los requisitos para vivir en Brasil, ya que este comportamiento nos está diciendo que no respetarán las leyes de Brasil”, reza el texto. Testimonios recogidos por el sitio de noticias Poter360 hablan de ciudadanos afganos que fueron realmente perseguidos por los talibanes y a los que se denegó el visado humanitario. Uno de ellos escribió una carta a la embajada brasileña explicando su situación. “Actualmente, mi permanencia en Irán ha terminado y podrían deportarme en cualquier momento. Mi vida y la de mis hijos corren peligro. Les pido que salven nuestras vidas”, dice escribió el hombre.
Sobre los migrantes en busca de un destino mejor sigue pesando incluso la sombra de los grupos criminales para los que la migración ilegal es un negocio muy rentable A principios de junio, la Policía Federal con la Operación Dark Route (Ruta Oscura) destapó en el estado de Goiânia un grupo criminal que entre 2013 y 2018 movió 59 millones de reales, 10,82 millones de dólares, gestionando la migración ilegal de al menos 448 brasileños, que posteriormente fueron detenidos en Estados Unidos y expulsados del país. Los migrantes pagaban a los llamados ‘coyotes’ para cruzar la frontera desde México. A finales de mayo se descubrió otra red criminal en los aeropuertos de Rio de Janeiro y San Pablo. Mujeres dominicanas con pasaportes colombianos falsos utilizaban Brasil como país de salida para irse a vivir a Europa.
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