Ivett Ördög se despertó con un angustioso grito la mañana del 16 de junio. “Ni siquiera tuve una pesadilla”, cuenta. Una votación del día anterior en su país le había devuelto los traumas que creía haber superado. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había logrado que el Parlamento prohibiera por ley la difusión de cualquier contenido LGTBI+ (relativo a lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y otras minorías) allí donde pueda haber menores.
Por EL PAÍS
Las ONG europeas denuncian un retroceso de las libertades LGTBI+ en la mitad oriental de Europa. ILGA-Europe, la organización en la que se integran decenas de ellas, ha urgido a las instituciones y los países de la UE a adoptar medidas para frenar “los crecientes ataques a los derechos” de esa comunidad. Su último análisis de la situación del colectivo país por país dibuja dos Europas. En una de ellas ―en la que están Malta, Bélgica o España— las instituciones siguen protegiendo la igualdad de sus ciudadanos. En la otra, la organización afirma que el camino hacia la igualdad ya no solo es más lento, sino que incluso se va deshaciendo: hay retrocesos en el reconocimiento legal de las personas trans, ataques a la sociedad civil y a la libertad de reunión y un discurso del odio más potente por parte de políticos y medios de comunicación que puede llevar a agresiones. En ese grupo están Polonia y Hungría, pero también Letonia, Bulgaria, Rumania o Eslovaquia.
Ördög ya no está en Budapest. Harta de tener que ser otra persona, hizo las maletas y se fue a Berlín el día que Orbán decidió poner fin al reconocimiento legal de las personas trans. En Alemania se siente segura. Pero esa mañana le vino a la cabeza ese clima asfixiante que dejó atrás. “Han igualado la pedofilia con ser homosexual o transgénero. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Tener que llevar algún tipo de identificación?”.
En Berlín, cuenta Ördög, ha encontrado una comunidad LGTBI+ húngara que tomó la misma decisión que ella. “Se trasladaron aquí a lo largo de las diversas etapas de la pesadilla”, explica. Orbán lleva tres años promulgando leyes e imponiendo multas para borrar al colectivo de la esfera pública. El último golpe a esos ciudadanos ha soliviantado a la mayoría de sus socios europeos. Hasta 17 jefes de Estado y de Gobierno se enfrentaron al líder húngaro para que retire esas leyes homófobas. Otros nueve, sin embargo, decidieron no estampar su firma en una carta promovida por España y Luxemburgo para reivindicar los derechos LGTBI+. Polonia, que también está desplegando su contrarreforma conservadora, cerró filas con Orbán. Pero también hay otros países de Europa del Este en los que los activistas a favor de los derechos civiles vienen expresando el temor a que sigan los pasos de Budapest y Varsovia.
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