“Por lo menos aquí tenemos comida”, expresó Jorge Martínez (seudónimo), de 61 años, tras suspirar hondo. En el agitado horario del almuerzo, mientras adultos y niños venezolanos se apresuraban a hacer cola para comer en uno de los 13 albergues para refugiados en el estado brasileño de Roraima, Martínez se tomó un momento para contar cómo llegó allí.
“Estoy aquí esperando que me llamen para algún trabajo”, explicó. Martínez era conductor de camiones en Venezuela. Sin embargo, a medida que las condiciones fueron deteriorándose en el estado Bolívar, Venezuela, a Martínez empezó a resultarle difícil conseguir trabajo. Incluso cuando tenía dinero, en general no alcanzaba para una comida digna. Finalmente, en abril decidió que su única alternativa era irse. Los últimos 100 kilómetros, luego de haber cruzado la frontera entre Venezuela y Brasil en dirección a Boa Vista, la capital de Roraima, Martínez los recorrió a pie con temperaturas abrasadoras de 87 °F/30 °C. Sus primeras 17 noches en Brasil las pasó durmiendo en la calle.
Miles de venezolanos como Martínez abandonan sus hogares cada día, a medida que se agudiza la crisis. A diferencia de quienes huyeron en años anteriores, las personas que se fueron en los últimos meses son cada vez más de sectores vulnerables y de bajos recursos. Médicos sin Fronteras en Colombia informa que las personas llegadas recientemente de Venezuela son “en su mayoría […] madres solas con niños pequeños y lactantes, así como gente de edad avanzada”.
Martínez sabía que dejar su hogar implicaría renunciar a todo lo que se esforzó por conseguir durante su vida, y empezar de cero. Pero quedarse en Venezuela no era una opción.
Cerca del 77 % de los adultos mayores venezolanos encuestados para un informe publicado el mes pasado por CONVITE, una organización no gubernamental que da seguimiento a los derechos de las personas mayores, y la organización HelpAge International, manifestaron no poder conseguir suficiente comida. HelpAge International publicó una clasificación de las situaciones de personas mayores en 96 países durante 2015, en la cual Venezuela ocupó la posición 76, encontrándose entre los peores países para envejecer. El hambre, la escasez de medicamentos y el colapso del sistema público de salud están obligando a los adultos mayores a sumarse a los 4,5 millones de refugiados venezolanos en todo el mundo.
Todos los exiliados, con independencia de cuál sea su edad, desean reconstruir sus vidas. Para las personas mayores, los elementos básicos de una nueva vida —trabajo, vínculos sociales y atención médica— suelen estar lejos del alcance. Martínez, por ejemplo, tuvo una entrevista de trabajo dos meses después de llegar al albergue, a través de un programa del gobierno federal brasileño que ayuda a venezolanos a encontrar empleo en otros estados para que puedan reubicarse. Tres meses después de la entrevista, todavía no había tenido noticias del programa con respecto al empleo.
El general brasileño que dirigía el programa nos dijo a mediados de octubre que las empresas “no contratan a mayores de 40”. Hasta donde él sabía, ninguno de los más de 1.200 venezolanos que habían encontrado trabajo a través del programa entre abril de 2018 y septiembre de 2019 tenía más de 40 años.
Personas venezolanas de mayor edad en otros sitios en América Latina han señalado a Human Rights Watch que ya no pueden cobrar sus jubilaciones. Una encuesta realizada en 2018 a 300 jubilados y pensionados venezolanos en Argentina determinó que casi el 90 % de los sondeados no recibían sus jubilaciones desde Venezuela. Sin un empleo o una jubilación, se ven obligados a depender de familiares, muchos de los cuales también huyeron de Venezuela y tienen dificultades para encontrar trabajo. Tras años de valerse por sí mismos, sienten ahora que son una carga.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que entró en vigor en 2017, dispone que los Estados “desarrollarán enfoques específicos … en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad… incluidas… las personas migrantes”. En particular, insta a que en las emergencias humanitarias se dispongan “medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor”. Promueve facilitar “el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante”. Varios países que acogen a adultos mayores venezolanos, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, han firmado la convención.
En septiembre de 2018, 11 países que reciben a ciudadanos venezolanos se reunieron en Quito, Ecuador, para formular una “estrategia regional de regularización a largo plazo de migrantes y refugiados venezolanos”, que se conoce como Proceso de Quito. El 14 y el 15 de noviembre, varios países que participaban en una reunión del Proceso de Quito en Bogotá se comprometieron a coordinar sus acciones a nivel regional para “garantizar una movilidad segura, ordenada y regular” de los venezolanos. También reconocieron los esfuerzos de otros países de la región para “la atención, recepción e integración de los migrantes y refugiados venezolanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Las personas de todas las edades merecen tener la posibilidad de reconstruir sus vidas. Quienes lideran gobiernos de la región e instituciones internacionales tienen la oportunidad y la responsabilidad de asegurar que pueda ejercerse ese derecho. Los líderes latinoamericanos deberían asegurar que los venezolanos puedan contar con una recepción segura para poder integrarse en sus sociedades. Para ello, deben tomar en cuenta las distintas necesidades de cada grupo, incluidas aquellas de las personas mayores. Tras el primer Foro Mundial sobre los Refugiados, que tuvo lugar este mes en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debería redoblar sus esfuerzos para promover la inclusión de las necesidades específicas que tienen las personas mayores en situaciones de desplazamiento.
Apesadumbrado y agotado, Martínez tomó asiento en el caluroso albergue de Boa Vista y manifestó su más profundo deseo: “Sigo sintiendo que soy útil”, aseveró. “Lo que más me gustaría es trabajar”. Merece tener esa posibilidad.
Vira Tarnavska es parte del equipo de la división de las Américas de Human Rights Watch.
Verity McGivern es asesora de defensa humanitaria en HelpAge International.
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