La justicia española considera carentes de legitimidad al fiscal general de Venezuela, Tarek Willians Saab, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país, Maikel José Moreno Pérez, para reclamar la extradición de un venezolano al que acusan de haber quemado vivo a un joven durante una oleada de protestas antigubernamentales en 2017.
EFE
La Audiencia Nacional española denegó el pasado 17 de septiembre la extradición del reclamado, Enzo Franchini, ante la posibilidad de que el proceso contra él fuese utilizado para vulnerar sus derechos fundamentales.
Previamente, en junio, el tribunal español había dado luz verde a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía y la defensa de Franchini, ejercida por el abogado Ismael Oliver, por lo que recurrieron.
La petición de extradición de Venezuela fue refrendada por el fiscal general y el presidente del TSJ y ahora, en esta nueva resolución, a la que tuvo acceso EFE, la Audiencia Nacional española entiende que sólo esa circunstancia invalida la petición de entrega.
«Ellos han firmado documentos esenciales» en el procedimiento de extradición, circunstancia, señala el texto judicial, «que no es posible obviar» teniendo en cuenta informes de organismos internacionales que cuestionan la legitimidad de los cargos que ostentan.
Los magistrados firmantes se basan concretamente en un comunicado de la OEA (Organización de Estados Americanos) de 2018, «llamando a desconocer solicitudes de extradición» por parte del considerado «ilegítimo tribunal supremo de justicia que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial».
A esto suman que la Unión Europea, «no ha reconocido a la Asamblea Constituyente, como tampoco lo ha hecho, a título particular, España». «Al ser esto así -añaden-, y siendo aquella la que les nombró para los cargos de Presidente del Tribunal Supremo y de Fiscal General, queda en entredicho su legitimidad de actuación, y, en consecuencia, carente de eficacia su petición de extradición».
En cuanto a las connotaciones políticas que les han llevado también a considerar que la reclamación tuviese como fin la persecución de un disidente, para los magistrados es «relevante» que los hechos por los que se pide la extradición «se produjeran en el curso de una manifestación de opositores al gobierno de Venezuela».
En este sentido recuerdan que quienes «actualmente ostentan los poderes públicos han protagonizado no pocas actuaciones de represión y persecución contra miembros de la oposición (…), a veces con utilización del proceso penal como instrumento».
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