Las protestas sociales llegaron el miércoles 6 de noviembre, con violencia a zonas acomodadas de la ciudad de Santiago hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile y que suman 20 muertos.
A dos semanas y media del estallido, cientos de personas -en su mayoría jóvenes- llegaron hasta las cercanías del centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica y que alberga la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Impedidos de avanzar, los manifestantes se expandieron por varios puntos del barrio de Providencia, la puerta de entrada al sector financiero y las zonas más acomodadas de la capital chilena. Hubo fogatas, saqueos a una farmacia y al menos dos bancos, y enfrentamientos con la policía, además de serios daños al mobiliario público, constató la AFP.
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Desde temprano, la policía había acordonado el lugar y la administración decidió cerrar las puertas. Locales comerciales resguardaron con madera y latones sus vitrinas y durante toda la jornada se vivió allí un ambiente de gran tensión.
«Estamos viviendo un nivel de violencia y destrucción nunca antes vistos en la comuna», dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.
A través de mensajes anónimos en redes de sociales se convocó a trasladar durante esta jornada a los barrios ricos las protestas que se iniciaron el 18 de octubre y que se han concentrado en el centro de Santiago.
«Llegó la hora de llegar al oriente», el este acomodado de la capital, decía una de las convocatorias, en la que se explicaba que era el momento «de que el empresariado sienta el descontento del pueblo» y «las clases se unan».
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«La gente está más bien triste y asustada por cómo retomar la normalidad del país», dijo a la AFP Andrea Ortega, una abogada de 43 años, que dejó su oficina para buscar a sus hijos antes de la hora habitual por miedo a los disturbios.
Para Arturo Donoso, un padre de 40 años, «todos entendemos que hay una demanda justa, no porque vivamos aquí no lo sabemos».
Horas después, miles de manifestantes volvieron a congregarse en Plaza Italia, principal escenario de las protestas desde su estallido, donde se registraron incidentes aislados.
Para este miércoles también hubo llamados a protestar en las afueras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, cuya sede en la exclusiva comuna de Vitacura representa uno de los mayores íconos arquitectónicos de la ciudad.
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«Esto tenía que pasar y me conmueve que sean nuestros nietos los que hayan tomada la posta de luchar por un Chile que no merece estas injusticias», relató ahí con un megáfono Rebeca Pemjean, una jubilada de 64 años, exiliada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En tanto, en la comuna de Renca, un barrio popular en el norte de Santiago, una veintena de personas atacó un cuartel policial, dejando a cinco efectivos heridos, y camioneros y automovilistas bloquearon algunas carreteras en protestas a los peajes urbanos.
Nada que ocultar
Junto con las protestas, que han perdido masividad y ganado en violencia las últimas jornadas, crecen también las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por las fuerzas del orden.
El martes, dos estudiantes de secundaria resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron a su liceo. Uno de ellos fue detenido y será imputado.
La Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por «tortura» contra dos personas, uno de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia decretado por Piñera y vigente los primeros 9 días de protestas.
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Consultado por la prensa por estas denuncias, Piñera afirmó: «Establecimos transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar».
El mandatario aseguró, además, que con la misma contundencia que se sancionará a los manifestantes que han provocado disturbios violentos se hará con «cualquier exceso que se haya cometido» en el uso de la fuerza.
La justicia también anunció que admitió a trámite una querella para investigar la supuesta responsabilidad de Piñera en crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas, presentada por organizaciones locales de derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por policías y militares. El Colegio Médico contabiliza más de un centenar de heridos oculares por el uso de perdigones en las protestas.
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