Haití vive momentos críticos. Sometido por la violencia de las bandas criminales, el país caribeño avanza hacia la descomposición, mientras aguarda una misión de fuerzas extranjeras, auxilio que permita fijar algo de esperanza en el horizonte. A falta de que la ayuda se concrete, la vida en la capital, Puerto Príncipe, empeora. La violencia se expande además al centro y el occidente del país. En estas últimas semanas, una de las pocas vías seguras entre Puerto Príncipe, el norte y la frontera, la ruta tres, ha dejado de serlo. Ahora es, como el resto, parte de las trincheras de los grupos criminales.
El conflicto fronterizo con el vecino, República Dominicana, añade combustible a la hoguera. En septiembre, el Gobierno de Luis Abinader decidió cerrar el cruce con Haití porque pobladores del otro lado de la frontera habían construido un canal para llevar agua del río Masacre a sus tierras. La respuesta, el cierre. En muchas zonas de Haití, el bloqueo resultó paralizante. Nada salía de Puerto Príncipe, nada entraba por la frontera. Ciudades como Cabo Haitiano, en el norte, a salvo de momento de la violencia, empezaron a sufrir las consecuencias. Esta semana, Dominicana accedió a reabrir por fin, pero solo para el trasiego de mercancías, no para las personas, lo que solivianta a los vecinos del occidente de la isla.
Acostumbrado al desastre, Haití ha recibido por fin una buena noticia de la comunidad internacional. El lunes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el envío de tropas por un año al país caribeño, tarea que, de confirmarse, deberá liderar Kenia. El Gobierno de Nairobi cedió a la presión de Estados Unidos, que llevaba meses buscando un aliado que pueda encargarse de la misión en suelo haitiano. El objetivo es muy concreto: contener y hacer retroceder a las bandas criminales, para permitir que el país convoque elecciones y vuelva a cierta normalidad institucional.
El problema ahora es bajar al suelo el mandato de Naciones Unidas. Kenia está dispuesta a liderar la misión y mandar 1.000 agentes de policía a Haití, cuya fuerza policial no llega a los 10.000 elementos. El país caribeño cuenta alrededor de 12 millones de habitantes. Naciones Unidas asume que el contingente debería alcanzar al menos los 2.000 agentes, según fuentes consultadas por EL PAÍS. El coste de la misión parece igualmente un obstáculo. EE UU ha anunciado un donativo de 200 millones de dólares, aunque el monto necesario para mandar tal cantidad de gente al país, y para mantener su estancia y operaciones, se antoja mayor.
La resolución de Naciones Unidas llega justo un año después de que el presidente en funciones del país caribeño, Ariel Henry, pidiera ayuda a la comunidad internacional. Septiembre y octubre del año pasado marcaron el inicio del penúltimo ciclo de violencia y caos en la capital y alrededores, hogar de tres millones de personas. Henry anunció un aumento del precio de las gasolinas, generando protestas. Bandas criminales tomaron la terminal del puerto donde se almacena el combustible importado. Entre finales de septiembre y principios de octubre, Médicos sin Fronteras detectó un nuevo brote de cólera, años después del último caso.
Era el penúltimo ciclo de caos, pero antes hubo otros. También después. No ha habido paz para Haití desde el asesinato del presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. En el país, muchos critican a Henry, que se hizo con las riendas del Gobierno tras el asesinato del mandatario. Primer ministro con Moïse, Henry no ha convocado elecciones en este tiempo, debido en parte a la incapacidad de su gabinete para mantener el orden. Haití no organiza unos comicios desde 2016.
La violencia y la frontera
La violencia se reproduce. Si al caos de septiembre y octubre del año pasado siguieron unos meses de relativa calma -relativa porque las bandas criminales controlaban más de la mitad de la capital, según Naciones Unidas- la violencia estalló de nuevo entre abril y mayo. Pobladores de diferentes barriadas se organizaron contra los grupos criminales, sitiando barriadas enteras, como Turgeau, protegiéndolas con barricadas hechizas. Los grupos de vigilantes adoptaron un nombre, bwa kale, expresión en criollo que significa algo así como “que te den”.
Como en cualquier movimiento de este tipo, se cometieron excesos. Los bwa kale mataron al menos a 300 personas, supuestos integrantes de bandas criminales. La falta de capacidad de las autoridades haitianas para investigar impide saber quiénes sí eran pandilleros y quiénes no. Y, en todo caso, aunque lo fueran, no habrá forma de saber quién los mató, menos aún llevar a los asesinos ante la justicia. Incapaces frente a los grupos criminales, los bwa kale, de todas formas, se han ido deshaciendo. El crimen prevalece.
La última andanada de los grupos de delincuentes ha sido presentarse ante el pueblo como una opción política sólida frente a Henry. En septiembre, uno de los líderes prominentes del hampa de Puerto Príncipe, el expolicía Jimmy Cherizier, participó en una marcha por la ciudad con su ejército de muchachos armados y aprovechó para anunciar una gran coalición de grupos criminales, a la que llamó, sin ironía, Vivre Ensemble, vivir juntos. El objetivo, como antes, era derrotar a Ariel Henry.
“Pasó eso y a los pocos días, las bandas estaban en conflicto otra vez”, explica el economista y politólogo haitiano Joseph Harold Pierre. “Enseguida, empezaron a pelear y mucha gente en la zona de Croix-des-Bouquets tuvo que dejar sus casas”, dice, en referencia a una gran barriada que se levanta alrededor de dos de las carreteras que comunican la capital con el resto del país y la frontera. “No se puede esperar nada de ellos, pueden entrar en conflicto por cualquier cosa”, señala.
El recrudecimiento de la lucha entre las bandas tuvo consecuencias. La primera, que Puerto Príncipe perdió una de las pocas rutas más o menos seguras que comunicaban la ciudad con el norte del país y la frontera con República Dominicana. Como antes las rutas uno, dos y ocho, las bandas tomaron la ruta tres como parte de su campo de batalla e hicieron imposible el tránsito. Peor aún, aparecieron bandas en municipios fuera de la capital, como Mirebalais y más hacia el noroeste.
Así, el problema trasciende ya a la capital y afecta también a la región del Artibonito. La semana pasada, Unicef divulgó un comunicado precisamente para denunciar la situación en la zona. “La violencia que se ha visto en la capital está intensificándose de manera parecida en el Artibonito, la región arrocera más importante del país, aterrorizando a las familias (…) La mitad de los 298 secuestros registrados en el país entre mayo y junio ocurrieron en el sur de la región”, es decir, en la parte más cercana a la capital. “Estos casos afectan principalmente a civiles que viajan en transporte público. En un solo evento, a 15 mujeres que iban al mercado las secuestraron y violaron”, señala el reporte.
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