El estado de salud de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez ha vuelto a causar polémica en el país entre el Gobierno, que asegura que los derechos de la exmandataria son respetados, y la oposición y su familia, que critican el trato que se le da en la prisión en que se encuentra desde marzo pasado.
EFE
La polémica se desató tras el sorpresivo traslado de la exgobernante en la víspera a un hospital público para una «valoración clínica» recomendada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y su retorno posterior a la cárcel.
Los abogados defensores de Áñez y su familia denunciaron que la exmandataria fue sometida a una «valoración médica» donde solamente la revisaron y no le realizaron todos los estudios que recomendó el IDIF.
El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, aseguró este jueves a los medios que lo que recomendó esa institución fue una «valoración por especialidad de cardiología en hospital de tercer nivel» que sí se realizó.
Terrazas sostuvo que los exámenes complementarios por la hipertensión que la exmandataria padece «serán realizados en las próximos horas» y aseveró que su traslado al hospital no fue por una emergencia, sino para una atención «recurrente».
Tanto el Gobierno de Luis Arce como el IDIF, que depende de la Fiscalía, enfatizaron por separado que Áñez está «estable» y no requiere ser hospitalizada.
En tanto que la defensa de la expresidenta ha asegurado que ella perdió mucho peso, no puede mantener el equilibrio, está la mayoría del tiempo acostada en su cama por la debilidad que presenta y le cuesta levantarse.
Áñez está detenida preventivamente desde marzo en una cárcel de mujeres en La Paz por el caso denominado «golpe de Estado» basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
El oficialismo sostiene que la salida de Morales del poder fue un «golpe de Estado», mientras que sus detractores aseguran que la crisis se produjo como consecuencia de las denuncias de fraude electoral a su favor en los comicios generales de 2019, posteriormente anulados.
La Justicia boliviana ha ampliado en dos ocasiones la detención preventiva de la exmandataria, que deberá permanecer en prisión por al menos un año.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La defensa de Áñez denunció varias veces que su salud está deteriorada, pues padece de hipertensión arterial y ha presentado cuadros de hiperventilación, dolores agudos del estómago, descompensaciones, problemas renales, además de depresión.
El oficialismo y el Gobierno de Arce rechazan estas denuncias y han replicado que la expresidenta goza de supuestos privilegios en prisión.
El expresidente y líder de la principal fuerza opositora Carlos Mesa (2003-2005) exigió en una publicación en redes sociales que «se termine con esta violación inadmisible de los derechos» de Áñez.
Áñez está detenida «ilegalmente» por un «golpe de Estado inexistente e inventado para blanquear el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales», señaló el exgobernante.
Mesa lamentó que fuera «detenida sin ser escuchada» y denunció que «han sido vulnerados» sus derechos «a garantizar su dignidad, proteger su salud (…) presumir su inocencia» y guardar respeto a su condición de mujer, exmandataria y exsenadora.
También reiteró sus críticas a los «gruesos errores» que cometió Áñez como gobernante interina y consideró que se deben investigar y juzgar «con la misma diligencia» las «violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción de su gestión y la gestión de cualquier persona que haya ocupado la Presidencia antes o después de ella».
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