La Administración Biden ha inspirado muchos paralelismos con la de Franklin D. Roosevelt. Sus principales desafíos, la pandemia y la crisis económica recuerdan en magnitud a la Gran Depresión y lo hacen también las carísimas medidas que Biden está tratando de aplicar. Pero su verdadera quimera parece ser otra muy distinta: la inmigración. La nueva presidencia se ha topado con un aumento de los cruces legales que tiene desbordados los albergues y los centros de detención, y ni siquiera los demócratas se ponen de acuerdo para aprobar una reforma migratoria.
Argemino Barro l El Confidencial
Solo en enero la policía fronteriza detuvo a 5.871 menores sin papeles: el mayor aumento desde el inicio de la pandemia hace un año. Aunque es una cantidad menor que la de, por ejemplo, 2019, el covid ha obligado a reducir a la mitad la capacidad de las instalaciones de acogida y se ha creado un problema logístico. Según Axios, la Casa Blanca dice necesitar al menos 20.000 camas para recibir a los menores.
Para aliviar la presión de la policía migratoria, encargada de investigar caso por caso la llegada de personas indocumentadas, Biden ha rescindido una medida de Donald Trump que dificultaba otorgar asilo a los niños que cruzasen la frontera. Aún así, solo es una medida parcial, y la Migra sigue deteniendo y deportando familias de vuelta a sus países. Una realidad que no gusta en el ala izquierda del Partido Demócrata.
“Esto no está bien, nunca lo ha estado, nunca lo estará. Sea cual sea la administración o el partido”, tuiteó Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata socialista. La congresista se refería a la apertura de un centro de detención para retener a los niños llegados ilegalmente. En otro tuit, Cortez exigió una transformación completa del sistema migratorio: “El Departamento de Seguridad Nacional no debería de existir, las agencias tienen que ser reorganizadas, ICE [la policía migratoria] tiene que eliminarse, hay que prohibir los centros de detención con ánimo de lucro, crear un estatus de refugiado climático y más”.
La oposición ha notado que los demócratas, ahora que están en el poder, ya no hablan de “niños en jaulas”, como sucedía durante la Administración Trump. “Estos no son niños encerrados en jaulas”, respondió Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, a las preguntas del corresponsal de Fox News. “Esta es una instalación que ha sido abierta y que va a respetar los mismos estándares que otras instalaciones”.
La situación migratoria continúa en el aire, en una especie de limbo, atrapada entre los rigores de la Administración Trump y la voluntad reformista de la de Biden. Un sistema complejo y fundamentalmente incapaz de lidiar con el flujo masivo de personas que emigran desde Centroamérica. En realidad no hay manera de medir con precisión este flujo, así que se usan, de forma orientativa, los datos de detenciones en la frontera. En 2019 el número de arrestos, más de 850.000, fue el mayor desde 2007. De este número, menos de la cuarta parte venía de México. La inmigración irregular ha cumplido 20 años como una de las principales pesadillas de los presidentes republicanos y demócratas.
El plan migratorio de Biden, pendiente de aprobación parlamentaria, tiene muchos vectores. El principal de ellos, ofrecer a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en EEUU un “camino hacia la ciudadanía”. Si ya estaban aquí el 1 de enero de 2021, podrán optar a que se revisen sus antecedentes penales y fiscales. Si pasan el filtro podrán estar cinco años trabajando legalmente. Luego, optar a la ciudadanía. Los llamados ‘dreamers’, que entraron ilegalmente en EEUU cuando eran menores, estarían incluidos en este gran grupo. Hasta entonces el nuevo Gobierno ha restaurado la garantía legal de que no serán deportados.
A diferencia de otras leyes migratorias aprobadas en las últimas décadas, según ‘The New York Times’, esta no incluirá una fuerte inversión en la seguridad fronteriza. Lo que sí planea es invertir en mejorar el proceso de tramitación de papeleo migratorio y destinar 4.000 millones de dólares, en un plazo de cuatro años, a desarrollar las economías de las naciones centroamericanas. Un intento de minimizar las causas que invitan a sus ciudadanos a poner tierra de por medio hacia el norte.
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