Cuando el coronavirus llegó a Chile y acabó abruptamente con el trabajo de Lorena Rodríguez, la niñera de 47 años tomó la dolorosa decisión de empeñar sus joyas -regalos de décadas anteriores- para tener dinero en efectivo.
Al igual que más de la mitad de los latinoamericanos, trabajaba en el sector informal cuidando a dos niños en una zona de lujo de la ciudad costera de Valparaíso, pero viviendo sin apuros con unos ingresos que con los de su marido llegaban a unos 700.000 pesos (905 dólares) al mes.
De repente, preocupados por el riesgo de que Rodríguez se contagiara en el viaje en autobús, la familia dejó de darle trabajo en marzo.
Sin contrato, no podía recibir beneficios como el subsidio de desempleo o el apoyo social, pese a que vive en uno de las países más ricos de la región. Un pago de emergencia de 100.000 pesos (126 dólares) del gobierno pronto se agotó, obligándola a acudir a la casa de empeños.
“Era como algo ya de último, como acudir a esto”, dijo Rodríguez, quien cambió sus anillos y pulseras por un préstamo de 340.000 pesos para mantenerse ella y su marido, un miembro retirado de las Fuerzas Armadas.
“Tenía un trabajo estable, podía vivir bastante bien, sin preocupaciones por los menos (…) Creo que esto nunca termina”.
Millones de personas de las clases medias de América Latina están siendo arrastradas de nuevo a la pobreza, porque el COVID-19 ha dejado expuesta la fragilidad de las redes de bienestar y la falta de recursos financieros de los gobiernos. El mercado laboral de la región se ha visto más afectado que en cualquier parte del mundo.
Tras el estancamiento económico y las crisis de la década de 1980, América Latina había visto prosperar su clase media gracias al auge de las materias primas que impulsó el crecimiento en la década de 2000 y ayudó a sacar a 60 millones de personas de la miseria.
Ahora, la región de 650 millones de personas verá su economía contraerse más del 9% este año, según estimaciones de la ONU, el peor desplome de la actividad en el mundo en desarrollo.
La pobreza volverá a los niveles de 2005.
Muchos economistas afirman que la crisis ha puesto de manifiesto la indiferencia de América Latina frente a debilidades que son históricas: la dependencia de sectores de baja productividad como la minería y la agricultura, la incapacidad para incorporar más trabajadores a los empleos formales y la falta de sistemas fiscales eficaces para redistribuir la riqueza concentrada en una pequeña élite.
“Esta crisis debe servir como un llamado de atención para que nos movilicemos contra las disparidades y brechas que han redundado en un mundo cada vez más frágil”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Sola, en una reciente reunión del G20.
Según Asier Hernando, director regional de la organización benéfica Oxfam, la pandemia podría empujar a 52 millones de personas más a la pobreza y dejar a otros 40 millones de desempleados. Las mujeres y los grupos indígenas se verán especialmente afectados.
“Lo que pasa con América Latina es que no tienes colchón. Si caes, caes mucho”, dijo. “Eso puede romper el contrato social de la región y pudiera suponer unos años de enorme conflictividad social”.
Después de las protestas en varios países sudamericanos el año pasado, la pandemia ha puesto de nuevo de relieve el hambre, la desigualdad y la falta de apoyo estatal.
En Chile, donde las protestas de 2019 se volvieron violentas, la recesión está resucitando la ira. En Perú, el Congreso intentó destituir al presidente y al ministro de Economía por la falta de apoyo a las pequeñas empresas. En Venezuela, que ya estaba en una espiral de pobreza antes del COVID-19, las protestas por la escasez han aumentado.
AUGE Y CAÍDA
El virus se demoró en llegar a América Latina, pero golpeó fuertemente.
Cinco de los 10 países más infectados del mundo son de la región, en la que ha habido un 34% de las muertes del mundo, a pesar de que sólo tiene cerca de un 8% de la población.
Los epidemiólogos citan la pobreza como una causa.
Con hasta un 58% de trabajadores en el sector informal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muchos no pueden ponerse en cuarentena o morirían de hambre.
Cerca de 2,7 millones de empresas, o casi el 20% de las empresas, van a cerrar, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). La OIT dice que 34 millones de personas ya han perdido sus empleos.
Sólo el 12% de los trabajadores latinoamericanos tienen derecho a recibir pagos por desempleo, frente al 44% en América del Norte y Europa.
La situación ha dejado expuesto a un ejército de trabajadores autónomos y empresarios en ciernes, lo que podría perjudicar el crecimiento durante años.
“Van dos meses que no he podido pagar el colegio de mi hija”, dijo Goodny Aiquipa, una comerciante de ropa de 36 años en la capital peruana, Lima.
Sus padres se habían mudado del campo para trabajar como vendedores ambulantes. Pero ella pudo construir una casa, pagar una educación privada, vacaciones y planear la compra de un coche.
Ahora el brote en Perú -el más mortal del mundo por cantidad de habitantes- la obligó a cerrar su tienda de camisetas. “Luz y agua estoy atrasada un mes. Lo que tenía para pagar el alquiler de mi local lo gasté en comida”, dijo.
Los más pobres han sido los más afectados en términos de pérdida de empleos, mientras que casi ocho de cada diez personas ya vivían con un ingreso inferior al triple del umbral de pobreza, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
“Es muy difícil hablar de una clase media cuando estas personas son muy vulnerables”, dijo Bárcena.
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