Naciones Unidas denunció este lunes 18 de mayo, la «escandalosa» violencia que continúa viéndose en Libia, con repetidos ataques contra objetivos civiles, y exigió a las partes que depongan las armas y regresen a la vía política.
EFE
«Son los más vulnerables quienes siguen sufriendo: civiles, refugiados, migrantes. Se atacan centros médicos, se atacan infraestructuras civiles. Nuestro mensaje a todas las partes sigue siendo el mismo y es que detengan la violencia, bajen las armas y retomen el proceso político», dijo el portavoz Stéphane Dujarric.
Preguntado por los últimos choques en el país norteafricano durante su conferencia de prensa diaria, Dujarric señaló que la violencia «sigue siendo francamente escandalosa».
El pasado sábado, al menos cinco civiles murieron en un bombardeo con misiles atribuido a las fuerzas bajo el mando del mariscal del Jalifa Hafter contra un edificio en la localidad de Farnaj ocupado por personas que se habían visto obligadas a dejar sus hogares por los combates.
Este lunes, milicias vinculadas al llamado Gobierno de Acuerdo Nacional, sostenido por la ONU, anunciaron la reconquista de la base aérea de Al Watiya, uno de los puntos claves del asedio que las fuerzas de Hafter, tutor del Ejecutivo no reconocido en el este de Libia y hombre fuerte del país, mantiene desde hace un año a la capital.
Desde que en abril de 2019 Hafter pusiera cerco a la capital para arrebatársela al GNA, impuesto tres años antes por la ONU tras su fallido plan de paz- el enfrentamiento fratricida se ha tornado en un conflicto multinacional privatizado sin Ejércitos, librado por milicias locales y mercenarios extranjeros contratado por ambas partes.
Hafter, un antiguo miembro de la cúpula golpista que alzó al poder a Al Gadafi -y que años después, reclutado por la CIA se convirtió en su principal opositor en el exilio- cuenta con el apoyo de Jordania, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos -que le proporcionan apoyo financiero y militar- y de Rusia y Sudán, que le proporcionan mercenarios.
El GNA cuenta, por su parte, con el respaldo político y económico de Catar e Italia, y el militar de Turquía, único país que ha enviado tropas al país y que le facilita la llegada de mercenarios sirios.
Solo en el último año de combates han muerto más de 1.700 personas -en torno a 350 civiles-, cerca de 17.000 han resultado heridas y alrededor de 200.000 se han visto obligadas a huir de sus hogares y convertirse en desplazados internos.
Mientras tanto, la ONU se encuentra actualmente sin enviado para el conflicto, después de la renuncia a comienzos de marzo de Ghassan Salamé, tras más de dos años tratando de mediar entre las partes.
Según dijo este lunes Dujarric, el proceso de reemplazo está en curso, pero por ahora no hay ningún nombramiento que anunciar.
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