Naciones Unidas ha calificado este sábado de “atrocidad” los ataques contra manifestantes desarmados acaecidos el viernes en Bagdad, epicentro de las protestas contra el Gobierno, al tiempo que ha pedido a las Fuerzas Armadas que “no ahorren ningún esfuerzo” en proteger a los civiles frente a “los grupos armados violentos fuera de control”.
“La matanza deliberada de manifestantes desarmados por elementos armados no es nada menos que una atrocidad contra el pueblo de Irak”, ha criticado la representante especial de la ONU para el país, Jeanine Hennis-Plasschaert, que ha condenado los sucesos “en los más enérgicos términos”.
Asimismo, ha afirmado que los autores “tienen que ser identificados y llevados a la justicia sin demora” y ha pedido a los manifestantes pacíficos que “cooperen constructivamente” con el fin de que las protestas puedan desarrollarse bajo esa protección.
Según Naciones Unidas, los actos de violencia están dirigidos por bandas incentivadas desde el exterior que, motivadas políticamente o con la intención de “ajustar cuentas”, están poniendo a Irak en riesgo “de caer en una trayectoria peligrosa”.
Un balance proporcionado este sábado por fuentes médicas y policiales iraquíes ha cifrado en al menos 23 los muertos por el tiroteo del viernes y en 125 los heridos.
Las víctimas mortales, entre las que hay tres agentes de la Policía, se suman a las, aproximadamente, 460 constatadas por la organización semioficial de la Alta Comisión Iraquí para los Derechos Humanos, responsable del seguimiento de víctimas durante las manifestaciones. El del viernes fue el incidente más sangriento de las últimas semanas de protestas en el país.
Las tropas del Ejército iraquí se han desplegado este sábado en la plaza Al Jilani de Bagdad para proteger a los manifestantes pacíficos, según ha explicado el jefe de Operaciones de Bagdad, el general Qais al Mahamdui, a la agencia de noticias estatal iraquí ISNA.
Las protestas, que comenzaron en octubre, exigen una reforma política total en Irak para acabar con la corrupción endémica en el país y la desigualdad en la distribución de los beneficios del petróleo.
Asimismo, solicitan la dimisión del Gobierno en pleno, la disolución del Parlamento y, en términos generales, la desaparición del sistema político establecido tras la invasión de Estados Unidos en 2003.
La mayor parte de las víctimas mortales son consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, que han empleado con asiduidad munición real para dispersar a los manifestantes.
El Gobierno, a su vez, ha defendido esta respuesta al asegurar que entre los manifestantes había “delincuentes escondidos” con la misión de iniciar altercados a tiros.
La crisis política ha provocado hasta la fecha la dimisión del primer ministro, Adel Abdul Mahdi. El presidente del Parlamento, Mohamed Halbusi, pidió el martes al presidente del país, Barham Salí, que designe a un nuevo primer ministro, para lo que tendrá 15 días. Tras ello, se abrirá un plazo de 30 días para formar el nuevo gobierno.
Con información de Europa Press
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